La oposición urge frenar «el despropósito» de que Sacyr gestione pisos de discapacidad

«Esto no se atreve ni a hacerlo la derecha donde gobierna». «Se les llena la boca de hablar de empleo público, pero luego aplican las políticas de Esperanza Aguirre». «Es un sinsentido».

Las frases corresponden a Noemí Martín, (IU), Ignacio Prendes (UPyD) y Esther Landa (Foro). Los tres grupos de la oposición han vuelto a unir fuerzas «para frenar un nuevo despropósito de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda». Se refieren los tres a la noticia adelantada por EL COMERCIO: el Principado entrega la gestión de los pisos tutelados para discapacidad abiertos por cuatro ONGs (Siloé, Cocemfe, Aviola y Rey Aurelio) a empresas privadas -Gerusia y Casta- y grandes constructoras, como Sacyr.

Tras las duras críticas de la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad -titular del 80% de la oferta de discapacidad e infancia y formada por Don Orione, Sanatorio Marítimo, Fundación Siloé, Apta, Ascivitas, Rey Pelayo y Una ciudad para todos- que acusa al Ejecutivo de Javier Fernández de «vender la red de servicios sociales» y aplicar «políticas neoliberales», ayer fue el turno de los grupos políticos.

Mientras Foro se reserva para el lunes, en el debate de presupuestos, IU urge ya «la comparecencia de la consejera. Tiene que explicar por qué está vendiendo la red de servicios sociales a las grandes constructoras». La portavoz de la coalición, Noemí Martín, asegura sentirse «asombrada, porque esto que está pasando no lo esperaba nadie», ya que es la «privatización pura y dura de los servicios más sensibles, los que nunca hay que tocar».

«No es por ahorro»

Desde IU, también su coordinador en Asturias, Manuel González Orviz, salió ayer a la palestra para acusar, directamente, al presidente socialista Javier Fernández de «estar facilitando el aterrizaje de las empresas del 'ladrillo' en áreas de actividad que no pueden orientarse al negocio lucrativo puro».

Como anteayer dijeron las entidades sociales, González Orviz considera que el Gobierno regional «está desmantelando el sistema de servicios sociales por un modelo donde se pretende hacer negocio de lo que no es ni puede ser».

Además, entiende que «no existe ningún ahorro en la medida, porque el Principado va a pagar más a las privadas que a las entidades sin ánimo de lucro», por lo que existe al Ejecutivo autonómico «que traiga ya al Parlamento la reforma de la Ley de Servicios Sociales, prometida para septiembre».

Una petición que también realiza el portavoz de UPyD. Ignacio Prendes está convencido de que en estas privatizaciones «está la explicación a que el PSOE y el PP no aprobaran, en su día, la reforma de la Ley de Servicios Sociales que habíamos pactado, que blindaba a las ONGs, ni que hayan traído la suya». Al igual que González Orviz, Prendes afirma que «no es por ahorro, porque pagarán más a las privadas». Y que «no es por legalidad, ya que la ley ampara el servicio que ahora prestan las ONGs».