Las ONGs acusan al Principado de «vender y desmantelar» la red de servicios sociales

«El Gobierno de Javier Fernández está sacando a la venta la atención a las personas vulnerables. Y lo hace con la complicidad del PP». Reunidos de urgencia en plena Nochebuena, las entidades integrantes de la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad -Sanatorio Marítimo, Don Orione, Una ciudad para todos, Apta, Fundación Siloé, Ascivitas y Rey Pelayo- decidieron hablar más claro que nunca.

Su proverbial precaución a la hora de calificar las actuaciones políticas saltó por los aires tras descubrir que, tal y como adelantó EL COMERCIO, la mayor constructora del país, Sacyr, se quedará con los pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual que Siloé abrió en Gijón. Y que lo mismo hará Casta, propiedad del fondo de inversión Magnum, con el centro de Cocemfe en Langreo. Y Casta con el piso que la asociación Aviola abrió en Avilés. Incluso con el que la Asociación de Discapacidad Rey Aurelio tiene en San Martín del Rey Aurelio, puesto que es la empresa del fondo de inversión la mejor posicionada, tras la baja oferta económica presentada por la ONG. Tan baja que el Principado le ha dado cinco días de plazo para que la justifique.

Sin medias tintas, las entidades que aglutinan el 80% de la oferta residencial y de centros de día para la discapacidad aseguraron que «pese a que el PSOE fue quien, junto a las entidades sociales, puso en marcha en Asturias el modelo mixto que creó la red de servicios sociales», ahora el Ejecutivo de Javier Fernández «la está desmantelando, en favor de la empresa mercantilista. Sustituye el modelo mixto por otro basado en el negocio».

Un negocio que, a juicio de la plataforma, queda claro en el reparto económico. «Ahora mismo, dentro del acuerdo marco, a nosotros nos pagan 45 euros al día por atender a personas con discapacidad leve. Tras este concurso, a la empresa privada le pagarán 60, un 33% más».

«Sobrecoste del 40%»

Además, explican desde la plataforma, «a las empresas con ánimo de lucro no les descontarán, como hacen con nosotros, dinero por los días en los que el usuario no está en el centro». Las ONGs reiteran que «a nosotros nos descuentan cada día que el usuario, por ejemplo, está ingresado en un hospital. No tienen en cuenta que su cuidador del piso también está con él en el hospital».

Tras el concurso, Sacyr, a través de su filial, Valoriza, recibirá 352.251 euros por atender a los diez usuarios de los pisos de Siloé en Gijón; Gerusia se llevará 486.590 por las diez plazas de Aviola en Avilés, y Casta ,406.419 por las de Cocemfe en Langreo.

Ley de Servicios Sociales

Mientras las entidades sociales advierten de que «no nos vamos a quedar calladas e impasibles mientras se desmantelan los servicios sociales», en la Junta General la oposición también se posiciona. Mientras Esther Landa, de Foro, cree que «es una tras otra» la sucesión de polémicas entre Bienestar y las ONGs, Ignacio Prendes, de UPyD recuerda que «esto no pasaría si se hubiera reformado la Ley de Servicios Sociales», prometida para septiembre por el Principado. Desde IU, Noemí Martín se pregunta: «¿Sacyr llevará a los usuarios de excursión los fines de semana o los dejará en casa? Me temo que hará lo segundo».