Foro, IU y UPyD acusan a Bienestar Social de «engañar» a las ONG de discapacidad

«Es un engaño. Uno más de los muchos a que nos tiene acostumbrados el equipo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda». Noemí Martín, diputada de IU, resumió ayer el sentir de los grupos en la oposición en la Junta. Porque tanto Foro como UPyD se han sumado a las críticas de la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (Feaps) y de la Plataforma del Tercer Sector contra la decisión de Bienestar Social de privatizar el servicio de transporte de los centros de discapacidad.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Principado ha sacado a concurso el servicio de transporte a los centros de discapacidad, tanto los propios como los de titularidad de entidades sociales. Y ahí radica el problema. La mayoría de las ONG rechazan la propuesta, al considerar que su actual oferta es mejor y menos costosa. Como media, tres veces más barata. En algunos casos, hasta ocho veces menos, puesto que Bienestar ofrece ahora pagar 4.909 euros al mes por una ruta que ahora le cuesta 600. En ese caso concreto, se dará la circunstancia de que pagará más por el transporte, 818 euros al mes, que lo que la entidad percibe por la atención integral a cada usuario: 741 euros.

«No sé comprende lo que han hecho. Les habían asegurado a las entidades sociales que podrían seguir con su servicio. Sin embargo, no lo hacen y sacan una oferta que triplica el coste», afirmó Martín. La que fuera consejera de Bienestar por IU en 2008 ha presentado dos iniciativas parlamentarias «para que nos expliquen por qué no permiten a las entidades sociales que den el servicio. Sobre todo cuando muchas quieren seguir haciéndolo».

Como ella opina Esther Landa, quien evidenció su «preocupación» por un proceso «que no se entiende». Lo dice la diputada de Foro porque «se está tramitando en la Junta una ley que regula el transporte y que recoge, expresamente, que ese servicio podrán realizarlo las entidades sin ánimo de lucro». Para Landa, «la consejera debe explicar este extraño concurso sin esperar a que se apruebe la ley».

En un paso más allá, Landa se mostró convencida de que la privatización del servicio «supondrá una merma en la calidad prestada a los usuarios».

Algo que defienden las entidades afectadas. En declaraciones a EL COMERCIO, tanto las veinte que integran Feaps como las siete que conforman la Plataforma del Tercer Sector -y que copan la oferta de centros de la región- aseguran que «la empresa de transporte solo estará obligada al traslado de casa al centro y viceversa. Si la familia del usuario no está en la parada esperando, darán un margen de cinco minutos y, después, lo devolverán al centro ¡que estará cerrado!». Las ONG explican que, en la actualidad, «los usuarios viajan en las furgonetas con sus propios cuidadores, con un contacto permanente con las familias. Si en algún caso ocurre algo, el cuidador se hace cargo del usuario».

Además, apuntan a que el pliego «limita el servicio al traslado y tres excursiones al año, una por trimestre, hasta un máximo de 200 kilómetros». Frente a esto, las entidades sociales recuerdan que ahora ofrecen a sus usuarios «no solo el transporte al centro, sino las excursiones que sean necesarias, el traslado cada día a la piscina, gimnasio, el médico, a todas las actividades que se planifiquen». Muchas apuntan a que «con esa limitación, ya no se podrán hacer excursiones, por ejemplo a Cabarceno, que es una de las que más éxito tiene». Sin olvidar, recuerdan, que el servicio privatizado «solo llevará de excursión a los usuarios del transporte», mientras que las furgonetas de las entidades sociales son utilizadas ahora «por todos nuestros usuarios».

«Incumplen su palabra»

Por todo esto, UPyD ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera, Graciela Blanco, porque «la consejería ha incumplido su palabra. Les dijo a las entidades que podrían decidir si querían seguir con su propio servicio. Y se encuentran con este concurso sorpresa».

Así lo aseguró el diputado de la formación, Ignacio Prendes, quien calificó de «nuevo golpe de la consejería a las entidades del tercer sector, que ahora no podrán hacerse cargo de las furgonetas que tuvieron que adquirir para dar el servicio». Considera que la nueva consejera «debería tener más sensibilidad que su antecesora, ya que esa falta fue la mayor fuente de conflictos».

Sin embargo, la comparecencia de Blanco ante la Junta tiene difícil encaje en el calendario parlamentario: el mes de diciembre está reservado al debate presupuestario y el de enero a las comisiones de investigación. «Salvo que lo incluyan en un pleno que se celebrará este mes, no habrá comparecencia hasta febrero». El concurso se adjudicará el 9 de enero.