Los jueces asturianos denuncian la carencia de medios para luchar contra la corrupción

La presión ha subido de tal manera que un colectivo de temple como el de la judicatura asturiana se sintió obligado a alzar la voz. Ayer, y mediante un comunicado, denunció públicamente «la carencia de medios de la Justicia asturiana para luchar contra la corrupción».

El lamento lo entona, en nombre de toda la carrera, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), máximo órgano de representación institucional. En su última reunión, el pasado miércoles, acordaron dar traslado al Principado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe que detalla las penurias con las que se están investigando los principales casos de corrupción que afectan a la región.

La Sala de Gobierno entiende que «la sociedad demanda, ahora más que nunca, una Justicia rápida, ágil y, sobre todo, eficaz en la lucha contra la corrupción, como pilar sobre el que debe constituirse la llamada regeneración democrática». Los ciudadanos son más exigentes, pero «se les hurta la información acerca de los medios que las Administraciones competentes ponen al servicio de la Administración de Justicia, que son escasos y obsoletos en proporción a la exigencia» que se les plantea.

El desconocimiento permitiría a los Gobiernos de turno anunciar importantes avances tecnológicos que parece van a agilizar el trabajo en los juzgados, pero que luego quedan en nada debido a que los ordenadores con los que trabajan jueces y funcionarios son viejos y tienen las aplicaciones informáticas incapacitadas.

La propia fiscal superior del Principado, Esther Fernández, reveló este lunes que el ordenador con el que trabaja «es para donar a un museo; no puedo abrir la mayoría de los archivos adjuntos». Como ella, los jueces asturianos asisten con asombro a los anuncios sobre una inminente implantación del expediente electrónico, capaz prácticamente de eliminar el papel de los juzgados, cuando día a día sufren falta de escáneres ni les permiten visionar las grabaciones de los juicios mientras escriben.

Personal de refuerzo

«En este contexto surgen iniciativas que aparentemente tienen como finalidad modernizar la gestión de la Administración de Justicia, como la aplicación Lexnet, obviando la penuria de medios informáticos con los que se cuenta en la actualidad, cuya realidad debe conocer el contribuyente», justifica la sala de Gobierno del TSJA.

El pasado año el propio CGPJ advirtió de la necesidad de reforzar a los órganos más implicados con los casos de corrupción. Su informe cifró en 2.173 las causas abiertas entonces por delitos de este tipo, de los que 16 se tramitaban en Asturias. Para darle un empujón al asunto reclamó «de manera coyuntural y puntual» 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales más y 150 funcionarios de distintas categorías en todo el país.

La investigación del 'caso Renedo' se inició a principios de 2010 y no tiene fecha de juicio; el Niemeyer lleva en los juzgados desde 2012, hay varias diligencias previas abiertas a funcionarios del Principado y en el horizonte se adivinan la apertura de nuevos procedimientos por la ampliación de El Musel o las regularizaciones de dinero de José Ángel Fernández Villa y su entorno. La fiscalía incoó 78 investigaciones por delitos relacionados con la corrupción en 2013 frente a las cinco del ejercicio anterior. «Estamos recibiendo una auténtica avalancha de denuncias», reconoció la propia fiscal superior.

Todo este caudal de indicios, denuncias y sospechas desemboca para su depuración en unos juzgados, los asturianos, que ya estaban atascados. El primer escalafón por ejemplo lo forman los juzgados de Instrucción; según la memoria de 2013, cada magistrado-juez de Oviedo dictó entre 5.746 y 4.264 autos, lo que supone una producción de 13,7 resoluciones diferentes cada día del año, cómputo del que están excluidas las sentencias. El trabajo es ímprobo. Y eso a pesar de que Asturias es la comunidad con mayor proporción de magistrados: 14,1 plazas creadas por cada 100.000 habitantes. El resto del país se las tiene que arreglar con 11,1 magistrados para la misma población. La dotación en el resto de Europa es en todo caso de 20 jueces.

Es imprescindible «la actualización inmediata de las herramientas informáticas y el refuerzo de medios personales», subraya ahora el comunicado de la sala de Gobierno. «La inversión de nuestras administraciones en Justicia es significativamente inferior a la media europea (1% del PIB frente al 3% o 4%)», agregan. El organismo está presidido por Ignacio Vidau, tiene como miembros natos a Jorge González, Jesús María Chamorro y José Antonio Soto-Jove. Son miembros electos de la misma Pilar Martínez Ceyanes, Lucía Rodríguez-Vigil, José Ignacio Pérez Villamil y Juan Carlos García López. Las plazas de estos últimos han salido ahora a votación, presentándose como aspirantes a las mismas únicamente sus actuales ocupantes.