El Imserso anula pensiones no contributivas a quien cobra los atrasos del salario social

«Es una barbaridad, consejera. Corríjanlo. Están cargando a los ciudadanos con una responsabilidad exclusiva del Principado y su gestión del salario social». Con estas palabras, la diputada de IU Noemí Martín cerró la denuncia que realizó ayer en la Junta General: el Imserso está anulando pensiones no contributivas a asturianos cuando éstos cobran los atrasos del salario social. La coalición tiene detectados dos casos, en Avilés y Oviedo, mientras los ayuntamientos ovetense y gijonés están examinando expedientes porque temen que haya más afectados. Se trata de personas que «perciben la pensión no contributiva, de 350 euros al mes, y que tienen derecho a un refuerzo de salario social».

La legislación permite que esa jubilación, la más baja del sistema de pensiones español, destinada a personas que no llegan al mínimo de cotización en la Seguridad Social y que sufraga el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), «se mejore con otras ayudas». Al menos, hasta llegar a un mínimo de 530 euros, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que se utiliza para fijar el umbral básico de ingresos.

El problema en Asturias es que «como el Principado tiene tanto atasco en la gestión de la paga», recordó la diputada de IU, cuando les llega el refuerzo lo hace en una nómina que acumula toda la demora pendiente, «lo que dispara los ingresos anuales del pensionista». Esta situación se produce tanto en el caso de que sea el pensionista el que recibe el complemento del salario social, como si convive con una persona «que está a la espera de recibir esa paga».

Según explicó Martín, «tenemos constancia de dos casos que, para no hacer sangre y porque pensábamos que eran errores, les hemos enviado a ustedes para que los examinen. Sin embargo, no hemos tenido respuesta». En su opinión, la anulación de la pensión no contributiva «a personas que tienen ingresos de miseria es una barbaridad», calificativo que repitió en varias ocasiones.

Cree la diputada de IU que «es una barbaridad para el ciudadano, que pierde su pensión por culpa de los atrasos en la gestión del Principado». Porque, con la pérdida de la pensión no contributiva, los ingresos quedan reducidos a menos de 150 euros mensuales.

También apuntó Martín que «es una barbaridad para la Administración regional, que tiene que seguir pagando su paga, mientras el Estado se ahorra una pensión».

Por este motivo, instó a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, a «corregir este error», ya que, le recordó, «la pensión la paga el Estado, pero el Principado tiene competencias para gestionarla». Con ese argumento, le propuso que «envíe una circular interna, en la que advierta a los técnicos que los retrasos del salario social no pueden computar en el cobro de la pensión no contributiva». Tras la sesión plenaria, la diputada recordó que, incluso, «Bienestar puede fragmentar el pago de los atrasos en más mensualidades de las previstas, para que el cómputo anual del beneficiario no se dispare debido a que llega una nómina muy voluminosa».

«Es regularizar»

Sin embargo, para la consejera de Bienestar Social y Vivienda «la barbaridad es lo que usted plantea». De nuevo el Parlamento asturiano sirvió para evidenciar que las relaciones entre la actual titular de la consejería, la socialista Esther Díaz, y la responsable en la anterior legislatura, Noemí Martín, son, cuando menos, tirantes.

Porque Díaz aprovechó su tiempo de respuesta para reprochar a Martín que «es complejo que usted me hable de circulares internas», al imputarle una instrucción interna de 2005, «cuando usted gestionaba la consejería». Pese a que, desde su escaño, Martín le recordaba que ella no era consejera en esa época, sino Laura González, Díaz insistió en criticar: «Decía usted que no se tuviera en cuenta el salario social a la hora de computar las pensiones no contributivas, en contra de las directrices que marcó el Gobierno central».

Díaz aseguró que «desde 2011, el Gobierno central ha dejado claro que el salario social debe ser computable. Lo que usted llama barbaridad no es otra cosa que regularizar».

1.566 deudas sin condonar

Tampoco tuvo un tono conciliador el debate entre la consejera y el portavoz de UPyD. Le preguntaba Ignacio Prendes cuándo llevará Bienestar a la Junta «la ley para condonar el cobro retroactivo de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia», anunciada por Esther Díaz en mayo, después de que la EL COMERCIO desvelara que reclamaba facturas de hasta 5.000 euros a personas con alzheimer y sin recursos.

Díaz explicó que «hemos tenido que individualizar todos los casos», que se elevan a «873 expedientes de ayuda a domicilio y 693 de teleasistencia», y que su objetivo es meter la condonación «en la Ley de Presupuestos». Ante el revuelo en la cámara -por la más que probable prórroga a la que se expone el Ejecutivo-, la consejera anunció que «por si acaso, también la presentaremos como separata». Declaración que Prendes zanjó con un «no me fío».