El Principado se queda solo en su defensa de la reforma de la ley del salario social

«Fijaremos la posición en la moción subsiguiente, pero sería deseable lograr el máximo consenso e intentar acercar posturas». Ese fue el mensaje que su grupo, el PSOE, trasladó ayer a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, que vio ayer como el Parlamento asturiano volvía a unirse para rechazar una propuesta suya. En esta ocasión, la reforma de la Ley del Salario Social que, tal y como adelantó EL COMERCIO, prevé convertir la prestación en una paga exprés de un año de duración y con continuidad de cobro condicionada a la firma de un plan de inserción.

Una propuesta rechazada desde el primer momento por Izquierda Unida -grupo impulsor de la creación de la ley, en 2005, cuando era socio de Gobierno con el PSOE-, y criticada también por PP, Foro y UPyD. Sobre todo, cuando escucharon ayer a la consejera explicar en el pleno que el objetivo del cambio legal no era, como anunció hace una semana, «acabar con el atasco» de la prestación, sino «evitar que se produzcan en el futuro».

«El atasco, controlado»

Porque si anteayer Esther Díaz aseguraba que acabaría el año sin atasco en la Ley de la Dependencia, ayer se mostró rotunda al afirmar que «en primavera, puede ser marzo, puede ser abril, estaremos sin espera en el salario social». La consejera de Bienestar Social adelantó las cifras de gestión de octubre, mes que cerrará «con 13.372 nóminas» y «poco más de 4.200 expedientes por examinar», con un retraso «que ha bajado a once meses». Tal es la rapidez de gestión que lleva su departamento ahora, tras la incorporación de 15 personas de refuerzo y, sobre todo, la implantación del programa informático -«que funciona muy bien, pese a que no guste a algunos»- que, reiteró, «no estamos hablando de una reforma legal para el atasco actual, sino para evitar que se vuelva a producir en el futuro».

«Le daremos una medalla»

Una declaración que llevó a la portavoz de IU, Noemí Martín, a espetarle a la consejera «voy a encargar una medalla para ponérsela, por lo bien que lo hace y por el orden que puso en esa consejería, permítame la broma». Porque para Martín no puede ser otra cosa que «una broma», el hecho de que «nos diga ahora que va a modificar la ley para futuros gobiernos. Mire, oiga, deje que los futuros gobiernos tomen las decisiones que consideren».

Para la portavoz de IU, «el objetivo de esta reforma no es otro que endurecer las condiciones y facilitar la pérdida de la prestación, porque equiparan ustedes el castigo por no comunicar un cambio de domicilio al de cometer un fraude». En su opinión, «a alguien de su gobierno le ha entrado el susto al ver el nivel de nóminas. Si lo quieren ustedes agilizar, no cambien la ley, pongan 20 millones más».

Pese a que la posición de Martín fue compartida tanto por Esther Landa, de Foro, como Ignacio Prendes, de UPyD, la consejera centró sus críticas en el planteamiento de Martín, a la que negó que «haya gato encerrado en la reforma, porque cerraremos el año con 83 millones de euros en el salario social». En un paso más allá, la acusó de «no tener ningún interés, ya se ve, que se fue usted dejando 3.001 expedientes sin atender, aunque la que vino detrás de usted (Paloma Menéndez, de Foro), acumuló 2.000 más».

El enfado de Noemí Martín desde su escaño era evidente, sobre todo cuando la socialista le reprochó que «hayamos tenido que esperar hasta ahora para tener una herramienta informática, ya nos vale, ¿eh?, ya nos vale». Sin derecho ya a réplica, la diputada recordó fuera de la sesión que fue el PSOE quien paralizó ese programa. El debate proseguirá la próxima semana.