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Viernes, 5 de septiembre 2014, 17:59
El Consejo Social de la Universidad de Oviedo ha decidido rechazar la suspensión de la norma de permanencia para el presente curso "por no ser posible legalmente". El consejo recomienda a la Comisión de Permanencia que extreme el análisis de las circunstancias de cada uno de los alumnos afectados y anuncia una revisión de la norma "a la mayor brevedad", a la vista de los resultados que arroje el estudio sobre su aplicación.
Los estudiantes afectados mantienen una reunión para analizar la situación actual después del rechazo del Consejo Social. El presidente del consejo, Lalo Azcona, señaló que el orden del día de la reunión de hoy estaba fijado desde antes del verano y que la discusión de este punto se incluyó debido a la trascendencia del mismo.
La normativa de permanencia de la Universidad de Oviedo establece la expulsión de la institución de aquellos alumnos que no tengan aprobados 48 créditos de primero a los tres años de carrera. Los cálculos señalan que más de 1.000 de los cerca de 5.000 alumnos que tiene la Universidad se verán afectados por una norma que ha tenido una amplia contestación social. Los estudiantes sostienen que, aunque muchos alumnos no alcancen estas ratios de créditos, sí que han tenido un progreso académico adecuado. Ademas, señalan que la regulación de permanencia supone trabas a aquellos que pretenden compatibilizar sus estudios con otras ocupaciones.
Las demandas de los alumnos tuvieron eco entre los responsables de la instutición, que se habían comprometido a trasladar al Consejo Social una petición para derogar la norma, un objetivo que no se ha cumplido. El rectorado entiende que el espíritu de esta regulación era el de promover un buen rendimiento académico, algo que los estudiantes también consiguen organizando su carrera con autonomía sin atenerse a la regla del curso por año.
El rechazo a la norma de permanencia llegó también por parte de los partidos políticos e incluso buena parte de los miembros del Consejo Social, donde están representados órganos de la sociedad civil como los sindicatos, habían mostrado su rechazo a la apliación de la misma.
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