Un año para resolver los expedientes de la Dependencia

Más de 2.000 asturianos (2.187 para ser exactos) se encuentran en lista de espera para acceder a una de las prestaciones y servicios garantizados por la Ley de la Dependencia. 2.187 personas que saben que deben tener acceso a una ayuda pero que aún desconocen cuándo la recibirán. Y ese «limbo» es una de las cuestiones que más preocupan a la directora general de Atención a la Dependencia del Principado, Paula Álvarez, que ayer hizo balance de la aplicación de la ley en Asturias durante el último año.

Un ejercicio -de julio a julio-, en el que, admitió, la Consejería de Bienestar Social no ha sido capaz de reducir significativamente esa lista, por lo que anunció que el Ejecutivo autonómico acaba de reforzar la plantilla que gestiona y tramita los expedientes «con la incorporación de ocho trabajadores».

Álvarez se ha fijado como plazo «el final de la legislatura» para suprimir esa lista de beneficiarios en espera, pero es que, además, explicó, «este refuerzo de la plantilla permitirá apoyar la elaboración de los Planes Individualizados de Atención, fundamentalmente las tareas de determinación de la capacidad económica de las personas dependientes, puesto que esta fase del procedimiento es en la que más retraso se acumula».

Ese plan de choque tiene un triple objetivo: «Además de la eliminación de la lista de espera, contribuirá a reducir los plazos de resolución de expedientes a seis meses, que es el plazo legal establecido, frente a los casi doce que se tarda en estos momentos, y también permitirá mantener la tasa de reposición».

Revisión de los precios

El pasado 31 de julio había 14.969 personas beneficiarias de la Dependencia en Asturias, 860 menos en un solo año, según los datos adelantados por EL COMERCIO y confirmados ayer por Álvarez, que analizó la evolución del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la región desde que comenzaron a aplicarse las medidas derivadas de la normativa impuesta por la reforma del Gobierno central.

Un periodo, resumió, en el que «se ha producido un repunte del número de solicitudes: en julio de 2013 se registraron 355 frente a las 445 del mismo mes de este año». Pero, a pesar de ese aumento registrado en el número de peticiones, admitió, estas siguen siendo inferiores a la cifra de fallecimientos.

Aumentan las personas en centros de día y residencias (actualmente hay 1.775 asturianos dependientes con el servicio de centro de día y 2.889 con servicio de atención residencial), pero baja el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), en el que «se ha producido un descenso de 566 personas beneficiarias en un año», de modo que, el pasado mes de julio, había 1.748 usuarios.

Según Álvarez, «esa bajada ha sido consecuencia del procedimiento de revisión de la incompatibilidad entre el servicio de centro de día y el de ayuda a domicilio impuesta por las modificaciones realizadas por el Gobierno de España». No aludió, en cambio, a que parte de la merma en este servicio llegó por el miedo de los usuarios al copago, implantado por el Gobierno central en 2012 y que el Principado intentó cobrar desde julio pasado.

También desciende sensiblemente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, «una de las más afectadas por los recortes impuestos por la normativa estatal», argumentó Álvarez, quien, además de sacar balones fuera, anunció una modificación del precio público tanto del SAD como de la Teleasistencia «en los próximos meses», con lo que «se reducirá el copago que deben abonar los beneficiarios y, además, se procederá a recuperar la intensidad horaria». Es decir, matizó: «las personas dependientes con SAD volverán a contar con mismo número de horas que tenían antes de la reforma estatal».

El gasto en Atención a la Dependencia en 2013 «ascendió a 201 millones de euros, de los que 23 fueron ingresos del Estado, y un porcentaje similar, en torno a los 20 millones, a los propios usuarios».