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LAURA MAYORDOMO
Martes, 29 de julio 2014, 00:14
Hace hoy una semana, Salvamento decidía cerrar al baño las playas de Salinas y San Juan, en Castrillón, después de atender a cerca de 300 personas que decían sufrir picores tras haber salido del agua. La analítica realizada en la Dirección General de Salud Pública a las muestras de agua tomadas certificó que ese día su calidad para el baño era «excelente» y, por tanto, que no representaban ningún riesgo para la salud, según dio a conocer el Principado el viernes. También descartaba la existencia de una concentración elevada de algas que hubiesen podido provocar las molestias. Un día después, el sábado, el director de la Coordinadora para el Estudio y la Protección de Especies Marinas (Cepesma), Luis Laria, se desmarcaba de las tesis que se habían planteado hasta entonces para tratar de explicar lo sucedido y ponía en el punto de mira a una empresa, Alcoa, y los supuestos vertidos contaminantes de su planta de San Ciprián, en Lugo.
Aseguraba Laria haber detectado una elevada concentración de sosa cáustica hasta en once puntos de la costa asturiana y que ésta estaba relacionada con la desaparición de los bosques marinos de laminaria, un tipo de alga.
Alcoa negó ayer todos estos extremos. La empresa, dedicada a la producción de aluminio, insistió en que la actividad de su planta de San Ciprián cumple «estrictamente» los parámetros de control establecidos por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y aseguró no haber recibido «hasta la fecha, ninguna queja formal» al respecto.
Las instalaciones lucenses cuentan con un único punto de vertido al mar que, según explicaron fuentes de la empresa, dispone de un sistema de tratamiento -para la «neutralización y decantado del efluente previo al vertido»- y controles en tiempo real que «monitorizan el estado del agua».
Las mismas fuentes rechazaron la versión de Laria de que los vertidos de sosa cáustica estuvieran relacionados con el estado de las balsas de decantado. «No están obsoletas ni mucho menos», manifestaron desde la empresa, que asegura haber realizado un importante inversión «hace tiempo» para modernizar sus instalaciones. En este sentido, incidió en que «el organismo de control autorizado realiza controles internos y externos de manera sistemática de la calidad de las aguas tanto en el punto de descarga como en el mar».
Las mismas algas
Según el resultado de dichos controles, la planta de San Ciprián se habría mantenido en todo momento dentro de los parámetros establecidos en la mencionada Autorización Ambiental Integrada. Apunta además que los datos históricos de su actividad -la planta de Lugo comenzó a funcionar en octubre de 1980- «demuestran que no ha habido cambios que alteraran el estado físico-químico del agua». Y respecto a los posibles efectos de sus vertidos industriales en el medio marino, afirma disponer de estudios que «constatan que no existe ninguna diferencia» entre la tipología de algas existentes en la zona en el año 1976 con la que se encuentra en la actualidad.
Alcoa mostró asimismo su disposición a «colaborar en cualquier investigación» que se lleve a cabo para dar respuesta a los episodios ocurridos la pasada semana en Salinas y San Juan, en Asturias, y que también tuvieron lugar en arenales de Viveiro, A Mariña y la comarca de Ortegal y Ferrol, en Galicia.
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