La Sindicatura detecta posibles irregularidades contables en la Universidad de Oviedo

La Sindicatura de Cuentas advierte de que la Universidad de Oviedo incluye en la nómina del personal docente sanitario con plaza vinculada un complemento específico que desde 2007 "carece de soporte legal", lo que "origina una incidencia legal constitutiva de una supuesta responsabilidad contable".

El organismo fiscalizador ha traslado al Tribunal de Cuentas esta circunstancia, ya que es "el único órgano competente para el posible enjuiciamiento", según ha informado la Sindicatura en una nota de prensa.

Esta incidencia está reflejada en las conclusiones del Informe de fiscalización de la Universidad de Oviedo del ejercicio 2012 que aprobó el pasado día 22 el Consejo de la Sindicatura de Cuentas.

Este documento señala como limitaciones que la Universidad no disponga de un inventario correctamente elaborado con todas las participaciones en capital en empresas y otras personas jurídicas y que no se realice ningún estudio para determinar la probabilidad de que los saldos pendientes de cobro resulten incobrados.

Además, apunta que no se concilian ni se analizan las diferencias que, en su caso, se producen en las cuentas de derechos pendientes de cobro, ni que no se haya facilitado información que permita verificar la razonabilidad de las desviaciones de financiación consignadas en el estado del remanente de tesorería y del resultado presupuestario.

También señala que no haya obtenido contestación de 5 de los 9 abogados que mantenían relación profesional con la Universidad de Oviedo a los que se solicitó información, lo que, según apunta, ha impedido determinar contingencias en la cuenta general de 2012.

La Sindicatura indica que la institución académica no disponga de un estudio reciente que permita calcular el pasivo devengado por los compromisos asumidos relativos a los premios por jubilación del personal docente e investigador.  

En sus conclusiones generales, el organismo fiscalizador indica que la rendición de cuentas se ha realizado dentro del plazo legal y de acuerdo con lo establecido en el Plan Contable del Principado, si bien, recalca, "con defectos formales e insuficiencias que reducen la calidad y la transparencia de la información económica sobre la gestión".

El órgano fiscalizador admite la "difícil situación económica de los últimos ejercicios de la institución académica, que se ha visto especialmente agravada en 2012".

"Los gastos de personal se imputan presupuestariamente de forma dispersa e incorrecta, lo que dificulta la transparencia y el control y desvirtúa la información presupuestaria", subraya el informe, que resalta que la Universidad presenta "una gran dependencia de las fuentes de financiación ajenas, representando un 81 % de sus ingresos totales".

Asegura que el resultado presupuestario en 2012 fue de superávit, aunque asegura que fue "significativamente peor que el del ejercicio anterior" y precisa que si se tienen en cuenta las incidencias detectadas la Universidad pasaría a presentar déficit.

A su juicio, existe una "acusada" descentralización de la tesorería y que su estructura orgánica y funcional no está suficientemente desarrollada, existiendo distintas unidades para la gestión de personal de cada colectivo, sin que existan normas, instrucciones o un manual interno de coordinación".

Afirma que "no existen mecanismos para el control de la contratación de becarios" y critica que no disponga de un plan global de investigación propio, ni uno estratégico aprobado en materia de investigación.

El informe dice que la Universidad no dispone de un sistema de contabilidad analítica que deberá estar implantado obligatoriamente en el curso 2015-2016, de forma que se pueda conocer el coste real de las titulaciones para la determinación de los precios públicos.

Entre sus recomendaciones, el organismo fiscalizador señala que la gestión del inventario debería estar en todos los casos vinculada a la contabilidad, con el fin de garantizar la integridad de la información, facilitar la conciliación automática de los registros y disminuir el riesgo de incorrecciones.

Además, subraya que la contratación debería contener elementos que permitan valorar la oportunidad y la eficiente utilización de los fondos públicos y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos deberían especificarse con la mayor precisión y objetividad posible los criterios de adjudicación, así como los procedimientos de valoración y ponderación.