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Ramón Muñiz
Viernes, 18 de julio 2014, 00:40
Unir Pola de Lena y Gijón con una línea de alta velocidad es de nuevo uno de los objetivos en los que trabaja el Ministerio de Fomento. Tras años sin mover un papel al respecto, el pasado 10 de junio la Dirección General de Ferrocarriles entregó al Ministerio de Medio Ambiente los documentos con los que se reinicia el examen medioambiental del proyecto. Se trata de un conjunto de informes que comentan de manera resumida, que la futura vía ferroviaria pasará por los concejos del área central y describe la flora y fauna que podrían verse afectados. En las próximas semanas está previsto que Medio Ambiente entregue una copia de esta síntesis a las administraciones autonómica y locales y a las organizaciones ecologistas de la región para que expresen su parecer al respecto y adviertan de si existen omisiones de calado.
Arranca de esta forma la primera fase de un examen que deberá concluir concediendo los permisos a la obra. Aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aprobado una nueva legislación para simplificar los trámites, difícilmente el plácet ambiental llegará antes de mediados de 2016.
El camino es largo pero el mero hecho de iniciarlo supone ya un cambio de actitud. En marzo de 2010 Fomento había puesto en marcha por primera vez los trámites para obtener el permiso ambiental de la obra, pero ni el equipo del entonces ministro José Blanco ni el de su sucesora, Ana Pastor, lograron llevarlo a buen puerto. La inacción fue total y las consecuencias graves. EL COMERCIO advirtió en varias ocasiones de que si la Dirección General de Ferrocarriles seguía sin madurar el proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente cancelaría todo el expediente ambiental. De forma reservada, el propio departamento que entonces regía Miguel Ángel Arias Cañete envió varios requerimientos señalando que, efectivamente, la ley le obligaba a anular todos los trámites entonces superados.
Nada de ello sirvió. Ante la falta de respuesta, el 24 de mayo de 2013 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió 'una resolución de terminación de procedimiento'. Es decir, canceló el expediente y tiró a la basura toda una tramitación que había costado ocho meses de trabajos.
La pasividad mostrada por Fomento contrastaba con los avances que el proyecto estaba cosechando, en los mismos meses, en Bruselas. La Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Europarlamento cerraron una lista de proyectos prioritarios, con derecho por tanto a recibir subvención comunitaria. La relación incluía la prolongación de una vía de alta velocidad hasta Gijón. La falta de acción en Madrid impedía así que el proyecto asturiano pudiera beneficiarse de las ayudas comunitarias.
Lena-Gijón permanecía en los cajones del ministerio hasta que, el pasado mes de marzo, la propia Pastor anunció en las cortes su disposición a «continuar con los trabajos del estudio informativo desde Pola de Lena a Oviedo, Gijón y Avilés; y vamos a iniciar las consultas previas medioambientales del tramo Oviedo-Avilés». Como Medio Ambiente ya había cancelado el expediente abierto antes para el mismo fin, el que acaba de iniciarse tiene que empezar desde cero todos los trámites.
Durante la etapa de José Blanco, Fomento maduró un diseño para que el AVE pudiera circular entre Lena y Gijón pasando por Oviedo. Ahora su sucesora plantea elaborar, como tramo separado, un ramal desde Oviedo hasta Avilés. El dibujo recupera así los esquemas defendidos por el Ejecutivo de José María Aznar, que también planteaba conectar a las tres principales ciudades asturianas a la red de alta velocidad.
El objetivo, aunque beneficia a más población que el madurado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, deberá ser más humilde que el de éste. En tiempos de José Blanco la empresa Prointec elaboró un estudio informativo para Lena-Gijón que elevaba la inversión necesaria por encima de los 1.600 millones de euros. Ahora la consejera de Fomento, Belén Fernández, ha bajado aquel sueño a la tierra al anunciar que su Ejecutivo vería con buenos ojos que la nueva línea permitiera circulaciones de «al menos» 100 kilómetros por hora. Conseguir ese parámetro obliga a rectificar el 29% del actual tramo.
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