La incapacidad de la Administración para cumplir la Ley de la Dependencia frena las solicitudes

La Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia está paralizada. El Observatorio de la Dependencia, el que la examina cada semestre su cumplimiento, no deja de insistir en el mensaje. Lo hace utilizando las estadísticas oficiales, las que elabora el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Unas cifras que demuestran que Asturias no se escapa a la parálisis que afecta a todo el país. Pese a que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda insiste en que la norma se sigue aplicando, con casos nuevos cada mes, todos los indicativos analizados se empeñan en ratificar el freno.

Y no solo porque la cifra de personas con derecho a una ayuda, aunque aún no la disfruten, haya disminuido un 16% desde 2011, hasta quedarse en 17.690. Tampoco en que, en el último año, el 28% de los usuarios del servicio de atención a domicilio se han dado de baja y se han quedado sin ninguna prestación, enfadados por la amenaza de cobro retroactivo rectificada tras la presión mediática. Ni, tan siquiera, la sensación de paralización tiene como único soporte el que el número de beneficiarios reales, quienes tienen derecho y, además, disfrutan de él, se haya estancando en los poco más de 15.000. La Ley de la Dependencia, como se conoce a la norma nacida en 2007 para dar derechos a las personas con gran discapacidad, se ha paralizado porque hasta los propios candidatos a beneficiarse de ella han tirado la toalla.

Así lo demuestra el freno que han sufrido las solicitudes en Asturias. Según las cifras que maneja la propia consejería, en el primer trimestre se registraron 868 peticiones. Es decir, no hubo ni 10 al día, cuando hace solo tres años el volumen diario superaba las 26 peticiones. En el primer año de entrada en vigor de la ley se alcanzó la cifra récord de 13.771 propuestas. La cifra más alta nunca registrada, que supone una media de 54 al día, pese a que la ley no entró en vigor el 1 de enero, sino que comenzó a tramitarse el 23 de abril. Y solo en Asturias.

Pero que no haya apenas peticiones no significa, ni de lejos, que la ley haya conseguido llegar a todos los dependientes de la comunidad. Asturias lidera la tasa de discapacidad, con más de 140.000 casos, de los que más de 20.000 son enfermos de alzheimer. Es cierto que no todos quieren o necesitan una ayuda por falta de autonomía personal, pero es evidente la enorme diferencia entre las 140.000 personas con discapacidad y los 15.000 beneficiarios de la ley. De ser comunidad pionera, el Principado ha pasado a suspender continuamente los exámenes semestrales que realiza el Observatorio de la Dependencia.

Falta de recursos

Pese a lo diverso de los datos que evidencian el freno, la paralización de la norma en Asturias tiene una única causa: la falta de recursos. Si todos los actores reconocen que el Ejecutivo que la puso en marcha, el de José Luis Rodríguez Zapatero, no la dotó del respaldo presupuestario necesario, también la unanimidad llega para decir que los cambios efectuados en la misma por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en julio de 2012 supusieron «la puntilla».

Así lo reitera el Observatorio de la Dependencia y así lo demuestran las cifras. Fue a partir de 2011 cuando tanto el volumen de beneficiarios en Asturias como de peticiones comenzó a descender. Tres beneficiarios menos cada día desde dicho ejercicio, lo que significa, tal y como adelantó EL COMERCIO, que del listado han 'desaparecido' 3.384 asturianos. Una caída pareja a la de solicitudes. En 2011 fueron 9.674 las peticiones registradas, cifra que bajó, en un solo año, a 5.382. Un 45% menos explicado en que, desde julio de 2012, el Ministerio de Sanidad 'expulsó' del Sistema de Ayuda a la Dependencia a los casos de grado I. A esas trabas se sumó el cambio del baremo, que los usuarios califican de «endurecimiento». Como ejemplo, la descripción de dependiente leve, el que no tendrá derecho a prestación hasta julio del año que viene, incluye a las personas que padecen alzheimer.

Para Izquierda Unida, a los recortes aplicados por el Gobierno central se une una mala gestión desde el Principado. La diputada de la coalición, y exconsejera de Bienestar, Noemí Martín, asegura que «hemos instado al Principado a aprovechar este descenso de las peticiones, motivado por muchas causas, a agilizar los expedientes que tiene sobre la mesa y que aún no han recibido respuesta».

Una petición que, explica la diputada, «no ha tenido demasiado eco», ya que en estos momentos «la cifra de beneficiarios reales de la ley en Asturias permanece casi invariable, en unas 15.000 personas». Como dice el Observatorio de la Dependencia, la ley «se ha frenado».