El Principado, Oviedo y Gijón buscarán un frente común contra la libertad de horarios

El Principado convocará en los próximos días a los alcaldes de Oviedo y de Gijón para analizar de forma conjunta el decreto aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros, que contempla la declaración en ambas ciudades de Zonas de Gran Afluencia Turística en las que todos los comercios tendrían absoluta libertad de horario, esto es, podrían abrir cualquier día festivo y a cualquier hora. La iniciativa de Moncloa ha encontrado el rechazo del pequeño comercio, que considera que la medida favorece a las grandes superficies, no es rentable para los negocios de menor tamaño y no estimula realmente el consumo. Según la nueva normativa, si antes del 5 de enero los ayuntamientos afectados por el decreto -Oviedo, Gijón, La Coruña, Jerez, Almería, San Sebastián, Santander, Salamanca, Marbella y León- no determinan el área que será declarada ZGAT, la libertad de horarios se extenderá a «la totalidad del municipio».

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, señaló ayer que el Ejecutivo regional ya ha encargado a sus servicios jurídicos los informes correspondientes para recurrir ante el Tribunal Constitucional este artículo del real decreto, ya que el Principado considera que representa una «invasión de competencias». Martínez recordó que el recurso de inconstitucionalidad cuenta ya con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y la patronal asturiana y aunque en su opinión judicializar las relaciones entre las administraciones «no es el camino adecuado», cree que es «el único posible» ante la actitud intransigente del Gobierno central. En breve el Principado convocará a Agustín Iglesias Caunedo y Carmen Moriyón para intentar formar un frente común de rechazo a esta nueva regulación del sector en las dos principales urbes asturiana.

Precisamente ayer el concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto, abogaba por trasladar desde Asturias «una respuesta coordinada y de consenso» al decreto de Moncloa y señalaba que el Consistorio gijonés no adoptaría ninguna decisión hasta que se produjera una reunión «al máximo nivel» con el Principado. Couto defendió el pequeño comercio como «un patrimonio de la ciudad que hay que proteger, consolidar e impulsar» y consideró que la nueva normativa «es una medida de dirigismo, que no fomenta el consumo».

El edil recordó que desde 2012 en la ciudad cualquier establecimiento comercial con una superficie inferior a 500 metros cuadrados «puede abrir si quiere los 365 días del año y las 24 horas del día». En Gijón, añadió, hay más de 600 negocios con estas características y si no abren todos los domingos «es porque no sale rentable», apuntó el el presidente de la Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño, David Argüelles. El representante empresarial recordó que hay un plazo de seis meses para definir la ZGAT y evitar que la libertad de horarios se extienda a todo el municipio. «Intentaremos buscar el mal menor para el comercio de la ciudad», apuntó.

Explorar sus posibilidades

La diputada y presidenta de la junta gestora del PP de Gijón, Ángeles Fernández-Ahúja, se mostró por su parte convencida de que «desde el respeto a la nueva norma y con diálogo es posible consensuar la mejor solución posible» y aseguró que su partido «tiene la mano tendida a todos los colectivos implicados». Criticó a quienes optan por posicionarse «en el 'no' por el 'no'» y advirtió de que «si queremos evolucionar habrá que explorar las posibilidades que ofrece este proyecto».

En defensa del decreto aseguró que más de 500 ayuntamientos han solicitado acogerse a la clasificación que permite la absoluta libertad de horarios. «No parece que sea un disparate incentivar el comercio, fomentar el consumo y contribuir a la creación de empleo», expuso. Fernández-Ahúja consideró que «lo coherente es buscar el equilibrio y cómo hacer converger los intereses de los comercios y los de los potenciales consumidores. Por ello es necesario que en Gijón y Oviedo se llegue a un consenso con los comerciantes para fijar las ZGAT».

Por su parte el diputado de Foro en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, calificó de «cacicada política» el real decreto de medidas urgentes, que además de la liberalización de horarios incluye otras 46 modificaciones de 26 leyes. Foro renunció a sus dos minutos de intervención en el debate de ayer en el Pleno «para no participar en esta mascarada».