«Que no haya temor: la nueva Ley de Servicios Sociales sí blinda a las ONG»

«Entiendo la preocupación de las entidades sociales, pero que no haya temor: la nueva Ley de Servicios Sociales sí blinda a las ONG. De hecho, solo quedarán blindadas con esta reforma. Cuando corren peligro es si mantenemos la ley como está ahora». Enrique Rodríguez Nuño, director general de Políticas Sociales, salió ayer al paso de las críticas vertidas por la Plataforma del Tercer Sector con Centros y Servicios de Discapacidad.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, la entidad, formada por las siete entidades que aglutinan la mayor parte de las plazas residenciales concertadas para discapacidad (339) y de Centro de Apoyo a la Integración (660) -Fundación Siloé, Don Orione, Una Ciudad para Todos, Apta, Sanatorio Marítimo, Rey Pelayo y Ascivitas- considera que el borrador que de la reforma legal prepara el Principado «abre la puerta a la entrada de las empresas privadas».

Sin embargo, Rodríguez Nuño cree «todo lo contrario». Según explica, «lo que se hace es blindar los convenios y los conciertos con las entidades sociales, con las empresas sin ánimo de lucro». Asegura que el polémico «...salvo que existan mejores condiciones de eficacia, calidad, rentabilidad social y se aprecien razones de interés público a favor de una entidad con ánimo de lucro» que incluye el punto número 5 del borrador que prepara la Consejería de Bienestar Social y Vivienda «es una fórmula legal para dar las máximas garantías. Pero, insisto en que en toda la modificación se refuerza la colaboración entre la Administración regional y las entidades sin ánimo de lucro».

Grupos de trabajo

En la misma línea, anunció que el texto legal irá acompañado «de un reglamento, que reforzará más claramente todas las condiciones que debe cumplir una entidad para poder presentarse a un concurso o firmar un convenio». Un reglamento para el que ya ha formado grupos de trabajo «con la intención de que en septiembre empiecen ya a trabajar». Unos grupos de trabajo a los que Rodríguez Nuño invita a participar «a los integrantes de la plataforma, con los que, no obstante, me he reunido varias veces y estoy dispuesto a reunirme cuantas ellos necesiten».

Respecto a si dará tiempo a aprobar la reforma legal en la presente legislatura, para evitar que en 2016, con la finalización del acuerdo marco, las plazas concertadas salgan a concurso, Rodríguez Nuño fue rotundo: «Nadie desaparecerá en 2016. Si no llegamos con la ley, se prorrogará el acuerdo marco».

No obstante, se mostró confiado en que «la reforma se apruebe en esta legislatura», puesto que ahora solo está pendiente de «que el Consejo Asesor revise las modificaciones que hemos incluido, las solicitadas a través del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), para su posterior tramitación». La idea del Gobierno regional es que su paso por la Junta sea «a través de lectura única, que acorta los plazos».

«No hubo quejas»

Una lectura única que no contará con el apoyo de IU ni de UPyD, que siguen defendiendo que la propuesta de reforma llevada al último Pleno de junio «era la adecuada, porque fue pactada con las ONG». Según explicó el portavoz de UPyD, la lectura única «impide el debate, así que no lo apoyaremos».

Un debate que, sin embargo, Rodríguez Nuño cree que «no existe», porque, asegura, «en el Consejo Asesor de Bienestar nadie expresó su rechazo al borrador». No lo creen así los integrantes de la Plataforma, que insisten que hubo portavoces de entidades sociales «que hicieron pública su disconformidad».

Tampoco el Colegio Oficial de Trabajo Social comparte la opinión del director general. La entidad reiteró ayer, a través de un comunicado, lo adelantado por este periódico «Nuestro posicionamiento fue claro: no estamos conformes con la reforma». La razón, «abre la puerta a las entidades con ánimo de lucro». Rodríguez Nuño insiste en que «no es así»