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Chelo Tuya
Jueves, 10 de julio 2014, 00:32
«Si en seis meses las comunidades autónomas no hubiesen declarado ninguna Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año».
Para Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes de Gijón, el artículo cuatro del decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, el que obliga a Gijón y Oviedo -como a todas las ciudades con más de 100.000 habitantes y 600.000 pernoctaciones anuales- a declarar ZGAT, significa, directamente, que «si no hacemos nada, a partir del 5 de enero, que es cuando se cumplen los seis meses, en Gijón y en Oviedo se decretará, por ley, la libertad horaria. En todo el concejo y para todos los comercios».
Por ese motivo, ambas ciudades proyectan ya limitar en áreas y fechas muy concretas esa declaración que supone, en la práctica, que los comercios tengan libertad para abrir los días y en el horario que mejor les convenga. Es decir, Gijón y Oviedo preparan un plan 'b' para driblar la ley por si el Tribunal Constitucional no atiende la petición del Principado de paralizar el decreto del Gobierno central. Un recurso que ya está en marcha, según confirmó ayer el director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, a los integrantes de la Mesa de Comercio del Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA).
El plan 'b' diseñado por los comerciantes consiste, básicamente, en seguir el ejemplo de Córdoba y Granada, afectadas por la primera declaración de ZGAT, la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó a cabo en 2012. Ambas ciudades delimitaron a unas áreas concretas -la de la Mezquita y la de la Alhambra-, y a un calendario muy determinado -Semana Santa y el mes de mayo-, la obligada declaración de ZGAT. Fuera de esos ámbitos, el resto de la ciudad mantiene los horarios pactados entre el sector comercial y la administración andaluza.
En el caso asturiano, las áreas afectadas podrían ser El Fontán, tal y como ya apuntaron los comerciantes de la capital, y Cimadevilla o El Parchís, en el caso de Gijón. De esta forma, se minimizaría el impacto del decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En opinión de Carmen Moreno, una opinión que suscribe el resto del sector, «no hacer nada, que los ayuntamiento no declaren ZGTA, no sirve. El decreto lo dice bien claro: si no hay declaración, todo el concejo tendrá libre horario».
«Es una orgía normativa»
La unanimidad en el rechazo al decreto del Partido Popular es total en Asturias. Incluso el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el grupo conservador, ha dejado claro ya que «se hará lo que digan los comerciantes». Idéntico mensaje emitió ayer la alcaldesa de Gijón a través de las redes sociales. Carmen Moriyón dejó claro que «me preocupa el problema. Hay que lograr consenso sin dejar de lado al pequeño comercio».
Porque, como reiteró ayer IU, esta vez por boca del diputado Aurelio Martín, el decreto de Mariano Rajoy «es la puntilla para el sector y una invasión de competencias propias del Principado».
Más duro fue el presidente y portavoz de Foro en la Junta General, Francisco Álvarez-Cascos. En rueda de prensa, acusó al presidente regional, Javier Fernández, de «llevar perdidos cuatro días sin reunirse con el alcalde de Oviedo y con la alcaldesa de Gijón para impulsar una respuesta común al disparate del caótico decreto de Rajoy».
En su opinión, «es una falsedad decir que estamos ante una propuesta liberalizadora, cuando no es más que un rancio dirigismo», por lo que espera del Gobierno regional «que actúe ya». Tal y como dice el decreto, «si no se hace nada, en seis meses se aplicará por ley».
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