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efe/ europa press
Miércoles, 9 de julio 2014, 13:53
Los cuatro mineros acusados de cortar la A-66 con una barricada de neumáticos ardiendo y uno de ellos además de atropellar a un agente, el 9 de julio de 2012, han admitido los hechos, lo que ha supuesto la reducción de las penas inicialmente solicitadas por el Fiscal, ha informado el Ministerio Público.
Tras admitir los hechos en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, donde finalmente no se ha llegado a celebrar la vista oral, el principal acusado ha aceptado una pena de dos años de prisión, en lugar de los tres años solicitados inicialmente por el Fiscal, así como el pago de una indemnización al agente herido de 2.400 euros.
Los otros tres acusados han aceptado cada uno de ellos una pena de un año y medio de prisión, frente a los dos años que enfrentaban inicialmente.
Los cuatro mineros también han aceptado el pago, de forma conjunta y solidaria, de una indemnización al Ministerio de Fomento de 6.854 euros por los desperfectos en las carreteras y pago de las costas procesales.
Según el escrito de acusación del Fiscal, los acusados se encontraban el 9 de julio del 2012 en la autovía A-66, a la altura de los túneles del Padrún y, con el objetivo de cortar el tráfico, colocaron en los dos carriles del sentido León-Oviedo una gran cantidad de neumáticos y los rociaron con un líquido inflamable.
A continuación, lanzaron un petardo, lo que provocó instantáneamente un incendio que generó una gran columna de humo negro, que según el Fiscal supuso un grave riesgo para los usuarios de la vía.
Cuando los acusados se percataron de la presencia de agentes de la Guardia Civil trataron de huir precipitadamente del lugar, tres de ellos en dos coches y uno de ellos a pie.
Uno de los agentes hizo gestos a los dos vehículos para que se detuvieran, lo que hizo uno de ellos, pero el conductor del otro aceleró la marcha y lo atropelló.
Por otro lado, José Angel González Huergo, secretario general de CCOO en el Pozu Sotón, y uno de los mineros condenados a un año y medio de cárcelo por altercados en las movilizaciones de 2012, ha expresado este miércoles su preocupación porque alguno de los trabajadores imputados o condenados en los varios procesos abiertos actualmente llegue a entrar en prisión.
Lo ha expresado a los medios de comunicación, durante la movilización que CCOO y UGT han celebrado ante la Delegación de Gobierno para protestar contra la persecución judicial que a su juicio están sufriendo los sindicatos y los trabajadores que se movilizan para defender sus puestos de trabajo.
Huergo ha señalado que las peticiones de condena "dan miedo" y que, pese que tendrían que decirlo los abogados y los servicios jurídicos, sí están barajando la posibilidad de que llegue a darse en Asturias un ingreso en prisión.
En la comunidad hay actualmente más de 80 sindicalistas de CCOO y UGT imputados por diversas causas relacionadas con movilizaciones, según ha matizado Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT Asturias, con peticiones de condena que van de uno a tres años de cárcel y multas que podrían ascender a los 3.000 euros.
"Es una vergüenza", ha señalado el líder sindical, "que un trabajador pase a ser considerado un delincuente". En unos términos parecidos se ha expresado su homólogo en CCOO Asturias, Antonio Pino, para quien "es impresentable que en el siglo XXI, en una democracia que se dice avanzada, el Gobierno promueva actuaciones de estas características".
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