La protesta de los trabajadores de los geriátricos persigue a la consejera de Bienestar Social

El conflicto que mantienen los trabajadores de la red geriátrica pública con el Principado se ha trasladado a Riaño. Esta mañana estaba prevista la visita de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, y del gerente del ERA, Jesús Suárez, a las obras de construcción del Centro Polivalente de Recursos (CPR), pero a la cita también ha acudido un grupo de trabajadores que, desde hace más de un mes, denuncia la supresión de plazas en diferentes residencias de ancianos y la privatización de servicios de mantenimiento y limpieza.

Con carteles en los que se podía leer "Esthernalizar ye privatizar", "Empleo Público" o "ERA, trabajadores en lucha", los protagonistas de la protesta abodaron el vehículo en el que llegaba la consejera y gritaron consignas a favor del empleo público.

No obstante, no ha habido incidentes como los de la semana pasada, cuando la asamblea de trabajadores del ERA había convocado una rueda de prensa en la Residencia Mixta de Pumarín, en Gijón, a la que había invitado a numerosos colectivos sindicales, partidos políticos, agrupaciones de desempleados... Hasta 16 entidades se habían sumado a la convocatoria para expresar su apoyo. Pero lo que debía ser una comparecencia ante los medios para informar de la situación actual de las negociaciones con la Gerencia del ERA y del futuro calendario de movilizaciones se convirtió en un tenso encontronazo con los guardias de seguridad que el centro había dispuesto a la entrada de la Mixta. Las discusiones, el, forcejeo y los empujones acabaron con una rodilla vendada, la intervención de la policía y dos personas identificadas.

Más de un mes después del inicio de las protestas la situación continúa tan enconada como al principio. Por un lado, el comité de empresa y los trabajadores rechazan la privatización de servicios, ya que el ERA ha optado por no renovar con empleo público las plazas que dejan libres operarios al jubilarse, sino externalizar esos servicios.

Por otro lado, la gerencia del ERA y la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de quien depende, defienden que el empleo se mantiene, aunque se transforma: las plazas públicas ocupadas por los operarios se convierten en plazas públicas ocupadas por auxiliares de enfermería. El objetivo, dice el Principado, es "la atención directa" y no tienen otra fórmula, ya que la ley de déficit cero impuesta por el Gobierno central les impide ampliar la plantilla laboral pública. Recuerdan también que la lista de espera llega a las 1.400 personas y que tres centros acabados están a medio gas por la imposibilidad de contratar a personal.

Sin embargo, el comité de empresa, apoyado por los sindicatos CC OO, CSI, CSIF, Usipa y UGT, así como por IU, entiende que hay "una clara política de recortes", ya que la Administración regional dispone, en la actualidad, de casi 400 puestos de empleo libres. Defienden que una parte de esos empleos podría destinarse a la red geriátrica pública, para no subcontratar servicios -lavandería, limpieza, mantenimiento, control de entrada- y potenciar la apertura de los centros que están pendientes de abrir.

La primera residencia pública en Langreo

Después de su entrada en el CPR, la visita de la consejera y el gerente del ERA transcurrió sin más contratiempos. En la actualidad, en este centro se trabaja en los acabados, suelos, techos y azulejado del interior y se han iniciado ya las labores de urbanización de la parcela.

Según ha informado el Gobierno, la entrega de la obra se retrasará porque se han introducido modificaciones en el proyecto original para adaptarlo al reglamento de instalaciones técnicas de edificios, aprobado después de que se redactase el documento inicial.

El CPR de Riaño, que supondrá una inversión de 7,5 millones de euros, será la primera residencia pública del concejo de Langreo e incluirá centro de día, centro social y centro de día para personas con discapacidad.

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