El 90% de los avilesinos cree que deben endurecerse las sanciones a las empresas que contaminen

Pocas ciudades españolas tendrán tan interiorizado el problema de la contaminación medioambiental como Avilés. La presencia de la gran industria, sobre todo a partir de los años 50 del pasado siglo, con una absoluta falta de control y en ausencia de una normativa exigente sobre las empresas hizo que la villa haya arrastrado hasta el día de hoy la pesada carga de ser considerada incluso como la ciudad más contaminada de España. Las cosas han cambiado en muchos sentidos, entre otros el del efecto de contar con menos instalaciones contaminantes, sobre todo en la siderurgia, pero también el de disponer de una red de medidores que permite un mayor control. La contaminación es un hecho palpable, que está ahí, pero es posible que haya en este país pocas ciudades tan controladas como ésta, por lo que es cuando menos cuestionable que Avilés figure siempre en el primer puesto del ranking de ciudades contaminadas. El problema es que no sabemos lo que sucede en otras.

Lo que es incuestionable es que los avilesinos perciben una cierta transformación medioambiental de la ciudad, pero a la vez mantienen intactas sus exigencias de que las empresas que contaminen deben tener mayores sanciones administrativas. Todo ello se constata en la encuesta realizada por Asturbarómetro para LA VOZ DE AVILÉS, que dedica un amplio capítulo a la realidad medioambiental del municipio.

Lógicamente, la encuesta se inicia con uno de los hechos que más han preocupado en el último año en toda la comarca, el de la intoxicación por mercurio de los trabajadores de IMSA, una compañía contratada por Asturiana de Zinc para afrontar la limpieza de uno de sus convertidores. Un suceso que sigue sin cerrarse, con la reclamación de los trabajadores intoxicados pendiente.

Accidente en AZSA

La encuesta dirigida por el profesor Fernando González Granda y realizada entre el 10 de enero y el 10 de febrero pasados, realiza una pregunta directa: «¿Cree que las empresas y los organismos públicos están actuando de forma adecuada en la intoxicación por mercurio que se produjo en Asturiana de Zinc?». Y la respuesta no deja lugar a dudas: un 77,1 por ciento de los encuestados considera que la actuación fue mala o muy mala, a los que se añade un 22,7% que califica la actuación de regular. Un insignificante 0,2% cree que el comportamiento en este caso fue bueno por parte de las empresas y los organismos públicos implicados en este accidente laboral.

Los problemas como éste y otros como el de las baterías de cok no impide que ante la pregunta de si se considera que ha habido una mejora ambiental en la ciudad, el 55,9 por ciento estime que sí la ha habido. Un 17,7 cree que ha habido mucha mejora y un 38,2% bastante. Los que consideran que ha habido alguna mejora suman un 35,8% y los que no han observado ninguna mejoría suponen el 8,3%.

La encuesta abre un capítulo especial para las baterías de cok de ArcelorMittal, la instalación que visualmente más contamina en Avilés y que provoca numerosas quejas ante episodios puntuales de nubes negras y denuncias sobre los vertidos a la ría. Tampoco han sido menores las denuncias de algunas empresas instaladas en el PEPA y alrededores sobre los perniciosos efectos en naves y oficinas de la contaminación de baterías.

En la encuesta se pregunta precisamente por esta última cuestión, si la actividad de baterías de cok puede impedir la llegada de otras empresas a la zona por culpa de esa contaminación. Curiosamente hay una mayoría de respuestas, un 46,7% que cree que no, frente a un 22,2% que considera que sí existe ese efecto negativo, y un 32,1% que no tiene una opinión formada.

Baterías y sanciones

Y cuando se habla de baterías de cok en Avilés sus defensores siempre apelan a los puestos de trabajo y a la actividad económica que generan, por encima de sus problemas medioambientales. La encuesta, en este sentido, pregunta: «¿Las baterías son un mal menor en vista del empleo que generan?». Y la respuesta es categórica: el 60,4% creen que sí, que se trata de un mal menor, frente al 22,3% que consideran que no y un 17,3% que no tiene opinión al respecto. La actual situación económica y laboral, con el elevado índice de paro que soporta la ciudad y la comarca explica seguramente esa especie de resignación que se vislumbra en la encuesta ante una instalación que hoy por hoy es el paradigma de la contaminación en Avilés y que tiene asegurada su permanencia al menos hasta 2020.

Pero la conciencia que existe entre los avilesinos de un problema que llevan años padeciendo, hace que la exigencia a las empresas contaminantes de una mayor inversión en la adopción de medidas sea abrumadoramente respaldada: un 92,2 por ciento de los encuestados creen que esas inversiones son obligadas, frente a un 5,7% que creen que no y un 2,1% que no tiene opinión. Otra pregunta concreta cierra este capítulo: «¿Sería partidario de endurecer las sanciones por este asunto?». Las respuestas siguen en línea con la anterior. Un 87,8 por ciento cree que sí hay que endurecer las sanciones, y tan solo un un 10,2 considera que no. Un 2% no tiene opinión.