Asturias recurrirá si el Estado no asume la devolución del céntimo sanitario

El Principado espera no tener que devolver el dinero derivado de la anulación del 'céntimo sanitario'. Así lo ha asegurado el presidente del Principado, Javier Fernández, que considera que el reembolso debe correr por cuenta del Estado por lo que, en el caso de que no lo asuma la administración central, el Gobierno asturiano recurriría la decisión.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pone en jaque 13.000 millones de euros en toda España, de los que 363 corresponden a Asturias. Son los que recaudó entre los años 2004 y 2012, en los que estuvo en vigor el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el conocido como 'céntimo sanitario'.

En los pasillos de la Junta General del Principado, donde hoy se celebra un pleno presupuestario, el jefe del Ejecutivo asturiano ha afirmado que las comunidades autónomas tienen la "razón jurídica" cuando dicen que es el Estado quien debe asumir las consecuencias de la sentencia de la Corte de Luxemburgo.

En el caso de que el Estado pretenda que éstas asuman la devolución, Asturias presentaría "con toda seguridad un recurso, pero no hay que adelantar acontecimientos", ha afirmado. Según el presidente asturiano, se trata de un impuesto cuya titularidad es del Estado, que fue quien lo estableció y quien, por lo tanto, tiene la responsabilidad sobre él, a pesar de los ingresos eran para las administraciones regionales. Así ha insistido en que tiene que ser el Estado el que debe dar respuesta a quienes exijan la devolución del "céntimo sanitario" porque no cabe duda de que es su titular.

Según el fallo del TJUE, el impuesto, ya suprimido y aplicado en todas las comunidades, salvo el País Vasco, Aragón, La Rioja y Canarias, no se ajusta a la legislación comunitaria, entre otros motivos porque ese recargo cedido desde el Gobierno central a los ejecutivos autonómicos para financiar -en teoría- partidas sanitarias y medioambientales, "carece de finalidad específica". Es decir, que el tributo habría estado bien aplicado, explica la sentencia, si la recaudación se hubiera destinado, por ejemplo, a "reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de esos hidrocarburos".

Pese a las cantidades de dinero que se barajan, las administraciones no tendrán que devolver ese montante total, ya que, aunque todos los ciudadanos que hayan repostado pueden reclamar, tienen que acreditar su pago y no siven los extractos generales de las tarjetas de pago. Es necesario contar con el ticket de compra donde se especifiquen los litros y el tipo de carburante.