El Principado envía un informe al Gobierno de rechazo frontal a la ley antiaborto

El Gobierno del Principado ha remitido al Ministerio de Justicia un informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada en el que defiende la actual normativa y expresa su "profundo rechazo" a la reforma propuesta.

En opinión del Ejecutivo asturiano la modificación "lejos de ampliar y respetar los derechos de la mujer, vulnera su capacidad de decisión y coarta su libertad sexual y reproductiva".

El documento, realizado a instancias del Ministerio, cuenta con el respaldo del Consejo Asturiano de la Mujer, que integra a más de una treintena de asociaciones de mujeres.

El informe analiza el anteproyecto desde una perspectiva integral dado que afecta a políticas de igualdad, sanitarias o educativas, y detalla, entre otros aspectos, su repercusión en los derechos y la salud de las mujeres.

También subraya "la incomprensión que suscita una propuesta que contraviene recomendaciones de sociedades científicas y asociaciones de profesionales sanitarios e incluso de instituciones como el Consejo de Europa".

Recuerda el Principado que la resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria europea destaca la necesidad de garantizar "un aborto legal y seguro" para las mujeres porque las restricciones impuestas por los estados "tienen efectos discriminatorios desde que las mujeres con más medios financieros y mejor informadas pueden usualmente obtener más fácilmente un aborto legal y seguro".

El Consejo de Europa también recuerda la necesidad de garantizar la libertad de las mujeres "a controlar sus propios cuerpos" y deja claro que a ellas "les concierne la decisión última sobre el aborto", recoge en informe remitido por el Principado.

El anteproyecto elaborado por el Gobierno de España, agrega el documento, "priva a las mujeres mayores de 16 años del derecho a la libre decisión sobre su embarazo en las primeras 14 semanas, reconocido en la Ley Orgánica 2/2013, de 3 de marzo, vigente hasta ahora".

Además, abunda que la norma endurece la posibilidad de llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo y reduce a dos únicos supuestos los casos en los que es posible realizarla: grave peligro para la vida o salud psíquica de la mujer y embarazo consecuencia de un hecho delictivo.

Apunta el Principado que la reforma "establece una tutela avalada por el informe de dos médicos especialistas, que deben encargarse de certificar que la mujer se encuentra en uno de los dos supuestos regulados" y que "exige a la gestante un período de reflexión e impone el consentimiento de los progenitores para las menores de 18 años".

El Gobierno asturiano recuerda en su informe que el aborto es una realidad en todas las sociedades y que el Estado ha de respetar el derecho a decidir de todas las mujeres, tanto de las que deciden interrumpir su embarazo, como de aquellas que desean continuar con la gestación.

Según un estudio de 2012, precisa el Gobierno regional, un 52 por ciento de las mujeres que recurrieron al aborto en Asturias tenían hijos a su cargo, un 44 por ciento no disponían de trabajo remunerado, un 30 % no estaban emancipadas y vivían con sus padres y un 28 % eran mujeres inmigrantes.

Por otra parte, puntualiza que la decisión del Gobierno central de "no incluir entre los supuestos despenalizados el aborto por malformaciones fetales aumenta el sufrimiento de las mujeres, dilata innecesariamente una situación tan dramática y puede provocar graves repercusiones psicológicas, económicas y sociales en las familias afectadas".

La derogación de la ley actual, concluye el informe, supondría la "desaparición" de todas las medidas que incluye en relación con la promoción de la salud sexual y reproductiva, lo que "limitaría las políticas públicas de carácter preventivo que recomiendan todos los organismos internacionales".