La tragedia de Piedras Blancas, ¿violencia de género o no?

El Principado y el Ayuntamiento de Castrillón entienden que el «asesinato» de Isabel Ortega, de 83 años y enferma terminal de alzheimer, a manos de su marido, José Fernández, de 86, quien posteriormente se suicidó, es «un caso de violencia de género». Se trataría de la primera víctima mortal, a juicio de las dos administraciones, en Asturias en 2103, y la número treinta en España, «según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualizados a fecha de 5 de agosto».

Tales declaraciones chocan frontalmente con las realizadas el pasado sábado por Laureano Caicoya, presidente de la Fundación Alzheimer de Asturias y de la Asociación de Familiares de esta enfermedad en la región, recogidas por este periódico en su edición de ayer. «Decir que lo de Piedras Blancas es violencia de género es una absoluta barbaridad. Eso es no tener ni puñetera idea. Yo entiendo lo que hizo esa persona, y que sea hombre o mujer nada tiene que ver. Fue un acto de amor», dijo.

Caicoya centró su discurso en la «dramática» situación de los enfermos y de los familiares a su cargo, «generalmente solo una persona, casi siempre mujer, a la que también hay que considerar como un enfermo, porque el alzheimer arrasa con todo. Están completamente abandonados. Es dramático. Que yo tenga conocimiento, ninguno de los veinte mil enfermos de este mal que hay en Asturias recibe ayuda por parte de las administraciones», señaló.

Principado y Ayuntamiento de Castrillón respondieron ayer lo siguiente a través de un comunicado emitido desde el gobierno regional: «Somos conscientes de las circunstancias sociales y sanitarias que concurren en este caso en relación a las dos trágicas muertes», al tiempo que recuerdan «la existencia de dispositivos de apoyo que pueden aliviar a las familias ante situaciones tan penosas como las que parecen darse en esta ocasión».

Previamente a ese comunicado, este periódico intentó recabar la opinión de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, lo que se hizo saber a la persona ayer al responsable del gabinete de comunicación del Gobierno regional, quien se remitió a la citada nota, que no firma ningún departamento y que desde el Principado se atribuye tanto al gobierno regional como al Ayuntamiento de Castrillón.

El comunicado no especifica los «dispositivos de apoyo que pueden aliviar» a los enfermos de alzheimer y a sus familiares, cosa que sí hace con los «servicios especializados para la atención a las víctimas de la violencia de género». Se refiere a «los centros asesores de la mujer, el servicio telefónico de información 016 y el 112 ante posibles emergencias». También traslada su «deseo de transmitir a la ciudadanía la necesidad de hacer efectiva una situación de total intolerancia ante la violencia contra las mujeres, sea cual sea el grado con que se produzca, y su más enérgico rechazo hacia los hechos violentos».

Ambos organismos también expresan sus condolencias a los familiares de las dos personas fallecidas el sábado en Piedras Blancas, ofreciéndoles «los servicios de asesoramiento jurídico y apoyo previstos para estas situaciones», sin concretar en qué consisten.

Contradicción en el mensaje

Este periódico también se puso ayer en contacto con José Luis Garrido, concejal de Servicios Sociales de Castrillón, teniente de alcalde y máximo responsable del Ayuntamiento ante la ausencia, durante unos días, de la alcaldesa, Ángela Vallina.

Lo primero que dijo fue que «no estamos ante un caso de violencia de género», contradiciendo así la nota conjunta remitida por el Principado y, según este organismo, también por el Ayuntamiento de Castrillón.

Garrido explicó ayer que los familiares de los difuntos no solicitaron ayuda a domicilio al Ayuntamiento. «El hombre en alusión al homicida, que acuchilló a su cónyuge mientras dormía para acto seguido tirarse al vacío quería estar en todo momento al lado de su mujer. Seguramente es cuestión de cultura, de tradición, de la manera de ser de cada uno o simplemente de amor. El caso es que no quería separarse de ella». En cuanto a la Ley de Dependencia, «es cosa del Principado», concluyó.