La Fiscalía cree que los anteriores gestores de la EMA pudieron incurrir en prevaricación

La Fiscalía de Área de Gijón ha presentado denuncia ante el juzgado de guardia por la posible existencia de varios delitos penales durante la gestión de la Empresa Municipal de Aguas entre los años 2009 y 2011, aún bajo administración socialista. En concreto, a raíz de la documentación remitida por la empresa municipal, considera probable la comisión de sendos delitos de prevaricación administrativa por parte de la exconcejala y expresidenta de la entidad, Dulce Gallego, y de su anterior gerente, Luis Alemany, a quienes también relaciona con un posible delito de fraudes y exacciones ilegales. También ve indicios de un delito de tráfico de influencias por parte del gerente de la empresa Suymcoplas, que en 2009 recibió un contrato bianual para la ejecución de obras urgentes y menores.

Las denuncias presentadas en diciembre por el grupo municipal popular y por la propia Empresa Municipal de Aguas, que fueron ampliadas con un nuevo escrito presentado en mayo, motivaron la apertura de unas diligencias de investigación que ayer mismo fueron cerradas por la fiscal jefe de Gijón, que ha acordado el archivo de sus actuaciones y la interposición de una denuncia ante el juzgado de guardia «al existir fundamento para el ejercicio de acciones penales» en virtud de los delitos ya indicados. Aunque la demanda del PP y la EMA hacían referencia «a una pluralidad de hechos», en el decreto del Ministerio Público al que ha tenido acceso EL COMERCIO se analizan solamente «los que pudieran tener relevancia penal ocurridos entre los años 2009 y 2012».

En concreto, se centra en el contrato marco adjudicado en 2009 para la realización de pequeñas obras de reparación, renovación y ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la EMA, en concreto los trabajos que, por su urgencia, no permitieran la redacción y aprobación de un proyecto y un pliego de condiciones y la posterior licitación de las obras. En el pliego de condiciones aprobado por el consejo de administración de la EMA se establecía para estas labores un tope máximo de gasto de 900.000 euros anuales. Dado que el contrato se firmaba por dos años, con opción a una prórroga de dos años más, la licitación ascendía a 3,6 millones de euros para cuatro años. Las empresas adjudicatarias, Aldesa Construcciones SA y Suymcoplas SL rebajaron este presupuesto hasta 3.095.640 euros, lo que equivaldría a una facturación anual de algo menos de 775.000 euros. Pero mientras en los dos primeros años de contrato Aldesa realizó trabajos por un total de 1,3 millones de euros frente a los 1,5 que podía asumir, Suymcoplas facturó 3,7 millones, es decir, 2,2 millones por encima de lo previsto.

Hasta 201.000 euros

Al margen de esa facturación superior a la acordada en el contrato de adjudicación, la Fiscalía destaca que existen 24 facturas a favor de Suymcoplas, emitidas entre el 1 de agosto de 2009 y el 30 de junio, cuyo importe excede de 50.000 euros, e incluso alguna de ellas alcanza los 201.000 euros. En este sentido, recuerda que la EMA «constituye un ente del sector público», por lo que para contrataciones que estén por encima de 50.000 euros debería abrir «un procedimiento específico que incluya publicidad, pliego de prescripciones económico administrativas y técnicas, modalidad de presentación y recepción de ofertas, fijación previa de criterios de adjudicación y establecimiento de garantías». Añade que en el pliego de condiciones por el que se adjudicó a Suymcoplas el contrato marco para obras menores, se establecía un listado de trabajos cuyos precios oscilaban entre los 2,22 y los 21.737,66 euros, siempre por debajo de los 50.000 que obligarían a dar entrada a otras empresas.

La fiscal considera que el hecho de que se permitiera a la empresa realizar trabajos por encima de esa cuantía sin convocar el oportuno concurso supuso «obviar totalmente el procedimiento administrativo de contratación».

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