Expertos y ayuntamientos cuestionan la reforma municipal del Gobierno central

La reforma de los municipios no contenta ni a los afectados, los propios ayuntamientos, ni a los expertos. Ambos dudan de que la norma que prepara el Gobierno central, articulada a través del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pone en riesgo la prestación de servicios a los ciudadanos y generará más problemas que beneficios y previsiblemente generará una escalada de recursos contencioso-administrativos y reclamaciones ante el Tribunal Constitucional. Así lo aseguraron esta mañana en Gijón, durante su participación en Fórum EL COMERCIO, Antonio de Luis Solar, presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), y Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

Ante un auditorio integrado en su mayoría por alcaldes, concejales y representantes municipales, Antonio de Luis Solar alertó de que el borrador propuesto por el ministro Cristóbal Montoro vacía de contenidos a los municipios y supone un ataque directo a los concejos más pequeños al establecer un modelo de gestión que no tiene en cuenta la singularidad de cada territorio, su población, orografía o el estado de sus cuentas. A su juicio, la ley hará que se establezcan ciudadanos de primera y de segunda, es decir, ciudadanos con servicios públicos y otros sin derecho a recibirlos al vaciar a los municipios de buena parte de sus competencias actuales.

Teniendo en cuenta que la reducción del déficit y la mejora de la gestión son objetivos que los alcaldes comparten en el escenario económico actual, el presidente de la FACC dejó claro que en los servicios a los ciudadanos no vale solo la rentabilidad económica, al tiempo que advirtió de que los ahorros previstos por la ley -7.129 millones de euros entre 2013 y 2015- solo se lograrán reduciendo servicios o mediante la desaparición de empleos públicos.

El catedrático Alejandro Huergo repasó las principales novedades de la ley que, según dijo, cambiar radicalmente el concepto tradicional de los municipios al transformalos en empresas de servicios, es decir, en instituciones que deben incorporar criterios economicistas y de costes en su actividad diaria. En su opinión, la norma habla básicamente de dinero y no de competencias y opta por un modelo que jibariza a los municipios al retirarles las funciones que desempeñan actualmente -que serán asumidas por las Diputaciones o las comunidades autónomas uniprovinciales, en el caso de concejos con menos de 20.000 habitantes- si no pueden hacerlo a un determinado coste, que el Gobierno no ha fijado todavía.

El establecimiento de un 'coste estándar' o 'coste medio' es uno de los elementos esenciales de una ley que, según Alejandro Huergo, no establece elementos correctores ni atiende la singularidad de muchos municipios españoles. Asturias, como comunidad uniprovincial, poco poblada y con muchos municipios, será una de las más afectadas por la nueva norma, pues 71 de los 78 concejos tienen menos de 20.000 habitantes. El hecho de que no se tenga en cuenta la situación particular de cada municipio, según opinó el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, será motivo de recursos contencioso-administrativos o de que la ley se recurra ante el Tribunal Constitucional.

Huergo calificó de cambio histórico que la norma suprima la necesidad de contar con licencia de obras para la puesta en marcha de algunos negocios en determinadas circunstancias, aunque advirtió de que este hecho puede generar inseguridad jurídica para el ciudadano.

En el Fórum EL COMERCIO, que patrocina el SabadellHerrero, también participó Francisco Javier García G. de Villaumbrosa, director de Administraciones Públicas del Banco Sabadell, quien aseguró que esta entidad ha dejado de financiar a los municipios para aportar soluciones financieras a los problemas de crédito o disponibilidad de fondos para acometer proyectos e inversiones. Ha cambiado la forma de hacer las cosas, dijo.