Asturias registra en febrero el mayor incremento de usuarios de la ley de dependencia

El número de usuarios de la Ley de Dependencia en Asturias se situó en 15.287 personas al finalizar febrero, 204 más que un mes antes lo que representa un incremento del 1,35 por ciento, el más alto de los registrados en el conjunto de comunidades autónomas, según la última estadística mensual del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Estos datos han sido facilitados hoy por la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, durante la inauguración de la jornada Ley de la Dependencia y sus recursos en Asturias en la que participan entidades públicas y privadas, sindicatos y empresarios, asociaciones y profesionales de este ámbito.

El objetivo de esta iniciativa es abrir un foro de debate que permita analizar la situación actual de la Ley de Dependencia, su aplicación y su futuro, según ha informado el Gobierno regional.

La consejera ha recordado que una de las medidas de la reforma introducida en la Ley de la dependencia por el Gobierno de España recoge la necesidad de revisar en 2013 todas las prestaciones concedidas hasta el momento.

Así, ha señalado que, en la mayoría de las comunidades autónomas, el comienzo de este proceso de revisión ha conllevado una "paralización en la aplicación de la ley" mientras que en Asturias se compatibiliza con la entrada de nuevos beneficiarios.

Díaz ha incidido en que Asturias tiene la tasa de reposición más alta, por delante de País Vasco, Extremadura y Cataluña de forma que entran más personas al sistema de las que salen.

El Gobierno asturiano, según la consejera, pretende mantener la compatibilidad de servicios entre la ayuda a domicilio y la asistencia de centro de día, que también fue eliminada con las modificaciones introducidas por el Gobierno central a través de la financiación del Plan Concertado de los servicios sociales básicos con los ayuntamientos.

Según Díaz, el Estado ha reducido en torno a un 70% su financiación a este plan en los últimos dos años a lo que se añade ahora el contenido del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Dicha reforma, ha apuntado, "da un vuelco total a las bases que regulan el funcionamiento de los ayuntamientos en España y, en relación con los servicios sociales, supone la destrucción de la organización y estructura del nivel de atención primaria que tan buenos resultados ha dado en los municipios".

En este sentido, ha criticado que se intente trasladar "sin dotación económica" a las comunidades autónomas la competencia exclusiva de servicios sociales que ahora dependen de las administraciones locales.