"No es complicado 'colar' facturas falsas: un año metes cuatro, pues al siguiente siete"

El volumen de contratación menor del Principado de Asturias es muy elevado ronda las 300.000 facturas al año- y en esa marea de pagos, destacó ayer Luis Carmelo Ménguez Vicente, quien desde 2008 ocupa el cargo de jefe de inspección de servicios del Principado, no resulta difícil colocar facturas falsas. Oye, cuela, un año metes cuatro, pues al siguiente metes siete, resaltó en la comisión parlamentaria que investiga el Caso Renedo. Respondió así a Noemi Martín, de IU, preocupada por conocer la complejidad del sistema que supuestamente articuló Marta Renedo. Fue eficaz no por su complejidad sino por su sencillez, argumentó el jefe de servicios. Añadió a continuación que la contratación menor es la más simple de manipular y manejar y juzgó, por tanto, que es sencillo que un funcionario de cierta responsabilidad pueda utilizar simulacros de resoluciones y empresas bajo su control para derivarse dinero. Expresó también la sorpresa que le produjo encontrarse durante sus revisiones un documento que había sido falsificado con celofán.

Para tratar de evitar este tipo de actuaciones propuso controlar los números que se utilizan para registrar los pagos, de modo que, si se intentan utilizar los mismos códigos para abonar distintas facturas salte la alarma. Dado que todas las administraciones aplican los mismos procedimientos en lo que respecta a los contratos menores, apuntó a la capacidad de legislar de las comunidades autónomas como vía para incluir algunas reformas que permitan un control más exhaustivo.

Cuando Adolfo Guillermo Sánchez Maquinay ocupó la silla del compareciente y expuso que, al contrario de lo que esperaban los miembros de la comisión, no era el instructor del expediente disciplinario abierto a Marta Renedo sino el secretario, la conversación se volvió más distendida y su presencia en la Junta General se limitó a apenas quince minutos de breves explicaciones. UPyD, IU y PSOE decidieron no hacerle preguntas y PP y Foro se dirigieron a él solamente para aclarar algunos aspectos técnicos. Así, a preguntas del diputado José Agustín Cuervas-Mons, el funcionario declaró que el 18 de febrero de 2010, cuando a él y a Ana Patricia Hevia les designaron para encargarse del expediente disciplinario, se pusieron en contacto con la fiscalía para saber si se habían abierto diligencias. Al recibir confirmación de este hecho, se paralizó el proceso abierto en la consejería. Si se inicia un procedimiento penal el procedimiento disciplinario tiene que suspenderse hasta que haya sentencia en firme, destacó Sánchez Maquinay, quien respondió a la parlamentaria Teresa Alonso que la potestad de abrir un expediente disciplinario y asignar a los funcionarios a su cargo depende de los consejeros.

Sus explicaciones fueron ratificadas por Ana Patricia Hevia, instructora del expediente, quien compareció a continuación y confirmó su versión. Explicó, también muy brevemente, que la suspensión de Marta Renedo en la consejería es provisional y declaró no ser "competente para determinar si las actividades profesionales que realiza en estos momentos la abogada violan las condiciones de incompatibilidad que establecía su contrato con la administración.