Cerca de 200 mineros del pozo Cerredo toman durante varias horas el Ayuntamiento de Degaña

"Estamos desesperados y tenemos que hacer algo", asegura Luis Manuel Fernández del comité de empresa del Grupo Cerredo. Él es uno de los dos centenares de mineros que han tomado esta mañana el Ayuntamiento de Degaña para pedir la dimisión de todos los alcaldes del PP de las comarcas mineras, "porque esto es cosa del PP", comenta este hombre, curtido en la mina, y que ve cómo ahora la comarca se queda sin parte de su sustento económico. "Las familias están en una situación límite", señala. Los trabajadores se han reunido durante una hora con el alcalde del municipio, José Manuel Fernández, y después han decidido no salir del consistorio. Aseguran que permanecerán en él hasta las dos de la tarde, pero que esto solo es el principio, porque cada día acudirán a un ayuntamiento diferente tanto de Asturias como de León. "El alcalde nos ha dicho que se reunirán con la ACOM -Asociación de las Comarcas Mineras- y que si no logra nada dimitirá", anunció Luis Manuel Fernández.

Los trabajadores han sufrido un ERE de extinción que afecta a 169 mineros de los pozos Cerredo y Tormaleo, ambos del Grupo Alonso Estas explotaciones cuentan con un total de 261 empleados que, además, ya se encontraban inmersos en un ERE de suspensión que, en principio, iba a durar hasta marzo y que había dejado a alrededor de sesenta trabajadores realizando labores de mantenimiento en las instalaciones.

La pasada semana las compañías del grupo de Victorino Alonso -Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC)- solicitaron a un juzgado de lo mercantil de Madrid el preconcurso para abrir un periodo legal de negociación con sus acreedores y renegociar sus deudas. El grupo explicó a través de un comunicado que se ha visto obligado a recurrir al preconcurso ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de refinanciación de su deuda después de que el Gobierno le haya denegado las ayudas del plan del carbón que le correspondían del ejercicio 2012 alegando que no está al corriente del pago de las cuotas a la Seguridad Social. Uminsa debía haber recibido 29,3 millones de euros y CMC 19,8 millones.

La empresa minera también justifica su decisión en la drástica reducción de su producción, después de que las eléctricas hayan impugnado la resolución que establecía las condiciones para la compra obligatoria de carbón nacional en 2013 por considerar que el precio fijado no cubre los costes reales al no incluir el impuesto del 7% a la generación y el céntimo verde. «La conjunción de estas contingencias impide de facto a ambas empresas suministrar su producción y, con ello, la obtención de ingresos procedentes de la facturación de la misma», explica el grupo.