Un año de reforma laboral

Recién estrenado como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy había vaticinado que la reforma laboral le costaría una huelga general. El jefe del Ejecutivo fue pillado por un micrófono abierto en su primer Consejo Europeo y tenía razón, pero no fue una, sino dos. Poco después era el ministro de Economía el cazado por una cámara, de esas que suelen ser indiscretas a pesar de no esconderse. Luis de Guindos avanzó al inicio de una reunión del Eurogrupo que la reforma sería «extremadamente agresiva». Solo se conocían algunas generalidades y otras se intuían, pero no hubo que esperar demasiado para saber su contenido. El 10 de febrero de 2012 el Consejo de Ministros aprobaba la reforma laboral. Lo hacía mediante un decreto ley, una vía que permite que una norma entre en vigor inmediatamente y luego se modifique en el Parlamento. Entonces ya se calificó como el cambio más profundo del Estatuto de los Trabajadores desde que se aprobó en 1980, pero aún quedaban más modificaciones. El 29 de junio, el Congreso de los Diputados daba luz verde a una versión definitiva aún más profunda, llamada a flexibilizar el mercado laboral para crear empleo, aplaudida por la patronal, pero contestada de forma radical por los sindicatos que insisten en que solo ha servido para recortar derechos a los trabajadores.

Desde que el Gobierno ratificara esta reforma han pasado doce meses y cada cual hace su propio balance. La semana pasada, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que está «muy moderadamente satisfecha» con ella, ya que ha permitido «mantener muchos empleos en España» y frenar el aumento del paro «en medio de un año muy duro de recesión». Es difícil saber qué cifras se manejarían sin la reforma laboral, pero a pesar de los cambios la escalada del desempleo continúa y en Asturias de forma insostenible. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo el lunes, el Principado alcanza ya los 107.608 parados, cifra que la Encuesta de Población Activa aumenta hasta los 114.100. Son 11.001 más que hace doce meses, lo que supone un incremento del 11,39 por ciento. Además, se ha llegado a un mínimo histórico de cotizantes, 341.868 personas, lo que complica aún más el difícil equilibrio de las arcas públicas. Casi cuatro de cada diez personas en Asturias es pensionista o está desempleado y solo hay un trabajador por cada 1,1 pensionistas, cuando el ideal serían 2,5. En el resto del país, las cifras tampoco son positivas y se sitúan en números de récord, hay casi 5 millones de parados, un 8,28 por ciento más que en la misma fecha de 2012. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, fue la encargada de presentar estos datos y se pronunciaba en términos similares a Báñez al asegurar que si la reforma laboral hubiera estado vigente en 2011 se hubieran perdido la mitad de los puestos de trabajo.

Balance en Asturias

La reforma laboral recogió la mayor parte de las reivindicaciones de la CEOE, pero ya se han alzado voces que piden profundizar en ella.Su presidente, Juan Rosell, reclamaba esta misma semana la creación de trabajos parciales con poca remuneración, los famosos minijobs alemanes. Desde la Federación Asturiana de Empresarios, su presidente, Severino García Vigón, insiste en que la reforma llegó tarde y que no fue todo lo ambiciosa que hubiera deseado, aunque coincide con el Ejecutivo central en que sin ella los efectos de la crisis sobre el empleo hubieran sido más graves. Un año después de su entrada en vigor, el máximo responsable de la patronal del Principado asegura que «sin las dosis de cierta flexibilidad que ha aportado, muchas más empresas, con sus puestos de trabajo, hubieran desaparecido».

En el otro lado de la balanza se encuentran los sindicatos, que en estos meses han promovido dos huelgas generales y protestas de todo tipo. Para UGT de Asturias, nadie debería dudar de la ineficacia de la reforma que, en su opinión, «solo ha servido para abaratar y facilitar el despido, reducir salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores y para debilitar la negociación colectiva». Su secretario general, Justo Rodríguez Braga, considera que ha supuesto «un retroceso sin precedentes en derechos y salarios» y se ha cedido todo el poder al ámbito de la empresa. Desde Comisiones Obreras hay completa coincidencia, su secretario general, Antonio Pino, califica la situación de Asturias de «emergencia social» y echa la culpa de ello a la crisis, pero también a las «erróneas recetas aplicadas». Además, carga contra los empresarios que considera que han aprovechado las posibilidades que ofrece la reforma para degradar las condiciones de trabajo a través de descuelgues de convenios, expedientes de regulación de empleo o el bloqueo de la negociación colectiva «como se ha visto en los casos de Arcelor, hostelería o grandes superficies».