La noria de la Justicia

Afinales de octubre del año pasado, el programa de televisión La noria emitió una entrevista con la madre de el Cuco, el menor implicado en la muerte de la adolescente Marta del Castillo. Según confirmaron entonces fuentes de la productora, la mujer cobró 9.000 euros por acudir al plató y hacer revelaciones como que, para ella, su hijo era «un buen niño», pero a Telecinco la entrevista habría de salirle mucho más cara que ese fajito de billetes: la aparición pagada de Rosalía García generó una ola de rechazo en las redes, con mensajes de indignación y repugnancia que animaban a dejar de ver el espacio presentado por Jordi González. Entre todas esas voces incluidas las de personajes populares como Lucía Etxebarría o Santi Rodríguez pronto se significó la de Pablo Herreros, un periodista, bloguero y experto en comunicación que llevaba años combatiendo la práctica televisiva de dar dinero a los delincuentes y sus allegados a cambio de prestarse a hablar: ya en 2008 había arremetido contra La noria por su entrevista a Violeta Santander, novia de Antonio Puerta, el tipo que agredió al profesor Jesús Neira.

Pero, en el caso de la madre de el Cuco, Pablo Herreros planteó un giro de estrategia, adoptó un enfoque nuevo que propiciaría un momento clave en la historia reciente de nuestra televisión. «Estas son las marcas que patrocinaron a la madre de un criminal», se titulaba el artículo que colgó el 30 de octubre en su blog, y el texto incluía una lista detallada de las empresas que se habían anunciado durante la controvertida emisión, a las que exigía que pidiesen perdón y que no volviesen a incluir sus spots en «ningún otro programa que pague a delincuentes o a su entorno cercano». También advertía de que, en caso de no adherirse a esa propuesta, se promovería «un boicot de sus productos». Parecía una de tantas iniciativas bravuconas con buena intención pero nulo porvenir, hasta que se fueron sumando firmas (reunió 33.000) y, de pronto, Campofrío dio la campanada de retirar su publicidad de La noria. Uno tras otro, todos los anunciantes siguieron su ejemplo, y el 17 de noviembre se emitió un programa sin precedentes, huérfano de espacios comerciales, condenando a una desaparición que se produjo semanas después.

Ahora, Telecinco contraataca, y en su objetivo está el bloguero que promovió la iniciativa. El juzgado de instrucción número 14 de Madrid ha citado a Pablo Herreros a declarar el 4 de diciembre, como imputado en un presunto delito de amenazas y coacciones. En plena crisis de anunciantes, el presentador Jordi González ya sostuvo que todo formaba parte de una «campaña de desprestigio por interés comercial» también dijo, por cierto, que «cobrar en la tele no es noticia, es como decir que la han maquillado», y esa tesis parece mantenerse entre las altas instancias de la cadena: Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset que en su momento admitió «un error», declaraba este verano a La Voz de Galicia que «la historia de La noria ha sido un bulo mediático de grandes proporciones, una injusticia poco común que fue organizada como si mañana los hackers atacan el Pentágono».

Conciencia muy tranquila

Pablo Herreros, que se ha enterado de la querella por la prensa, prefiere no entrar a comentar la situación: «Estoy sereno y, sobre todo, tengo la conciencia muy tranquila», se ha limitado a aclarar. Este nuevo giro de su particular noria llega justo dos semanas después de que, con ocasión del primer aniversario de los hechos, publicase un completo análisis de aquel enfrentamiento de «triste final», ya que el verdadero éxito habría consistido en «que esa cadena y las demás se comprometiesen a no volver a propiciar que un crimen dé pasta a los autores ni a sus familiares». Entre los logros conseguidos, Herreros destaca que «las televisiones aprendieron a escuchar a la gente que opina en redes sociales». En cuanto a lo que quedó pendiente, lamenta que no se recuperasen los miles de euros que se embolsó Rosalía, que se siga pagando a delincuentes por hablar en televisión y que la propuesta de regulación que se discutió en el Parlamento no prosperase.

También recuerda que «pedir la retirada de los anunciantes fue el último recurso» y manifiesta sus dudas sobre la viabilidad de posteriores intentos de recurrir al boicot: «Aquellos días no se hacía por un contenido, sino por una aberración tan gigante como que el colaborador de una violación y un asesinato se iba a enriquecer por medio de una entrevista a su propia madre y tutora civil».