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EFE ,
Lunes, 29 de octubre 2012, 17:43
La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, ha manifestado hoy que la Ley de Dependencia está "herida de muerte" con las modificaciones decretadas por el Gobierno central, y ha insistido en el compromiso de la Administración regional para "minimizar" esos efectos en un colectivo que casi alcanza los 15.000 beneficiarios en el Principado.
Estas han sido algunas de sus afirmaciones durante la comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de la Junta General en la que ha defendido la apuesta del Ejecutivo autonómico por la Ley de Dependencia frente a la actitud y gestión con la que la encaran otras regiones, entre las que ha citado Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.
Ha anunciado que dedicará sus esfuerzos hasta final de 2012 a tratar de resolver la bolsa de atraso que existe en materia de dependencia, "incorporando en la aplicación informática del Imserso a aquellas personas que ya están recibiendo las prestaciones o servicios pero cuyos expedientes no están grabados en el sistema; elaborando o resolviendo PIA pendientes y también realizando las revisiones de PIA pendientes solicitadas a instancia de parte".
También se preparará la modificación del decreto de copago de servicios, una vez que sea aprobada la normativa a nivel nacional, ya que su aprobación en Asturias "dependerá" de la fecha de publicación de ese decreto nacional y su plazo de adaptación.
Después de un verano "tortuoso", ha dicho la consejera, actualmente existe un descenso de solicitudes del 46%, y ha agregado la incorporación de 34 valoradores para iniciar funciones de mecanización de expedientes.
A fecha 1 de octubre de 2012 el número de expedientes pendiente de aplicación informática del Imserso asciende a 5.131, de los que 2.500 están valorados y sí perciben ayuda, y el resto se encuentran en la primera fase. "Desatascar para no seguir perdiendo dinero", ha sido la expresión utilizada por la consejera de Bienestar Social para explicar la necesidad de mecanizar los expedientes.
A su juicio, la dotación de personal es una herramienta "indispensable" en la consejería que dirige, que está "en crecimiento", y en la que han acometido "pequeñas reorganizaciones con personal propio" para agilizar la Ley de Dependencia.
Ha cuantificado en 128,2 millones de euros el gasto total de la Ley de Dependencia en 2011, año en el que ha recordado la aportación del 50% por parte del Estado y esa misma cuantía a cargo del Principado, que supuso 7,5 y 23,6 millones por cada una de las partes para los capítulos de acordado y mínimo, respectivamente.
La titular de Bienestar Social, que prevé una ejecución de gasto de 41 millones a cierre de 2012 al contemplar "ir eliminado atascos", se ha referido al año 2013 como un ejercicio que afronta con el objetivo de "minimizar el impacto" de los "agujeros" provocados por la modificación de la ley estatal.
La reducción económica estatal, sobre la que Díaz ha coincidido con la diputada de IU Noemí Martín al situar en 800 millones el recorte global nacional, supondrá en el caso de Asturias una rebaja desde 27,5 millones previstos para 2012 a los 24 contemplados para 2013 en el nivel mínimo mientras que el acordado ha desaparecido.
La puesta en funcionamiento de los centros polivalentes de recursos del Nodo, en Avilés, y Sotiello, en Aller, son las dos "prioridades" para el próximo año, aspecto en el que ha matizado que el presupuesto del ERA tiene que "dar margen" para ello.
Ha negado que se dé "reducción de servicios y prestaciones en Asturias", donde ocurre "todo lo contrario", y también ha sostenido que "no es cierta" la existencia de una deuda por parte del Estado con una ley que reconoce que "nació con déficit de financiación", en la que el Principado "siempre puso un poco más y lo va a seguir haciendo".
La diputada de Foro Esther Landa ha definido la situación en la que se encuentra la Ley de Dependencia en Asturias de "tremendamente preocupante", cuya responsabilidad ha atribuido a los gobiernos central y autonómico, y ha defendido para una "mayor eficacia reorientar la oferta hacia los servicios profesionales".
Para Victoria Delgado, del PP, el escenario económico en 2012 "desgraciadamente" no es el mismo que existía en 2006 en el arranque de la Ley de Dependencia, sobre la que ha conminado a la Consejería de Bienestar Social a "redundar" en los esfuerzos para optimizar los recursos disponibles.
La parlamentaria de IU Noemí Martín, que ha defendido la necesidad de disponer de más personal, ha enfatizado que la Ley de Dependencia está "herida de muerte" con las modificaciones decretadas por el Gobierno de España, y ha solicitado a la consejera que "haga un esfuerzo" para intentar "minimizar" esos recortes y ver si es posible "sacarla de la UVI".
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