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ASTURIAS

Bajan los beneficiarios de la Ley de la Dependencia

En septiembre la cifra de personas con ayuda se redujo en 155 casos, de los 5.000 en todo el país. Los geriátricos son los más perjudicados

CHELO TUYA

Martes, 23 de octubre 2012, 06:30

Menos solicitudes, menos dictámenes, menos personas con derecho y, también, con servicios. Asturias ha vuelto a restar en octubre beneficiarios de la Ley de la Dependencia. En total, 155 expedientes menos del total de 5.000 que se han cerrado en todo el país. Los más perjudicados, los geriátricos, que vuelven a perder usuarios 57 en septiembre y el colectivo de asturianos que cobra por cuidar de un pariente con dependencia. Son hoy 8.012, cifra que supone 54 menos que hace un mes. El único dato positivo es que también ha bajado el número de asturianos en el limbo, es decir, los que tienen derecho a una ayuda, pero no la cobran, son 5.131. Es decir, 23 menos.

Esos son los principales datos del informe de evaluación de la Ley de la Dependencia correspondiente a octubre que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) acaba de publicar. Dicen las estadísticas que, en la actualidad, son 14.690 los asturianos que se benefician realmente de la norma que nació para convertir en derecho la atención a las personas con dependencia o discapacidad.

Esa cifra es inferior, en 139 casos, a la registrada en septiembre, aunque luego el volumen total de servicios eliminados se eleva hasta 155. Además de los ya mencionados, geriátricos y pagas al cuidador familiar, han bajado también los pagos a personas con dependencia para que se busquen un servicio en la red privada, al no haber plaza en la pública; los usuarios de centro de día y teleasistencia y, también, los de ayuda a domicilio.

«El sistema se destruye»

Para el Observatorio de la Dependencia, ente fundado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que evalúa cada semestre la ley, lo ocurrido en Asturias y en el resto del país evidencia que «el sistema se destruye por inanición».

El presidente, José Manuel Ramírez, achaca la paralización «a los efectos de los recortes que ha aplicado el Gobierno», en lo que consideran «una demolición cruel y calculada de la ley».

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