La Fiscalía archiva las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia del Centro Niemeyer

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia efectuada desde la Fundación del Centro Niemeyer de Avilés contra la Consejería de Cultura al considerar que "no existen indicios de delito" en la actuación del Gobierno del Principado.

Las diligencias de investigación se abrieron en noviembre de 2011 tras una denuncia del secretario del Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Centro Niemeyer de Avilés, José Luis Rebollo Álvarez, por una supuesta revelación de secretos, injurias o calumnias según informa la Fiscalía Superior de Asturias.

La denuncia se produjo en medio del enfrentamiento abierto entre el nuevo gobierno de Foro Asturias, que denunciaba irregularidades en la gestión del centro, y los responsables de la Fundación, conflicto que sigue abierto y que hace unas semanas provocó la renuncia del director del centro, Natalio Grueso.

En su denuncia a la Fiscalía, Herrero había planteado una serie de actuaciones de la consejería de Cultura del Principado que, en su opinión, menoscababan la autonomía de la Fundación y que podían constituir una infracción penal.

En el escrito remitido por el secretario del Patronato, además de la investigación de los hechos contenidos en el mismo, se solicitaba igualmente amparo del fiscal y el control de la actuación de la Fundación por parte de la Fiscalía, cuestiones que también han sido denegadas.

Estas demandas, según el escrito de la Fiscalía, exceden su ámbito competencial y, en cualquier caso, la investigación debería enmarcase en el ámbito administrativo y no a la vía penal.

La investigación realizada concluye así que los hechos denunciados "no tienen relevancia penal", ni siquiera el hecho de que el viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallina, hiciera públicas determinadas facturas como consecuencia de actuaciones concretas de la Fundación.

Tampoco considera punible que el viceconsejero imputara "graves irregularidades" de tipo económico, ya que se entiende que la Consejería informó a la opinión pública de la situación de una fundación cuya actuación afecta al interés general.

Por otra parte, Herrero mantiene que no corresponde a la Fiscalía el control de la actuación de la Fundación, como se solicita en la denuncia, ya que es la Consejería la que debe hacerlo, recuerda que no consta que se haya hecho ninguna auditoría de sus cuentas y ue, por lo tanto, no procede pronunciarse sobre si ha habido alguna infracción penal.

Herrero mantiene así que no debe entrar a valorar la actuación del viceconsejero ni del consejero de Cultura y Deportes, Emilio Marcos Vallaure, porque con los datos de que dispone no puede hablar de que haya habido una infracción penal.

El fiscal, sin embargo, sí señala que han quedado "patentes las relaciones tensas entre ambos, como consecuencia del control de la Fundación por parte de la Administración del Principado de Asturias, pero desde luego no deben ser ventiladas en el ámbito de la jurisdicción penal".