41 días de prisión, recursos y polémica

El consejero José Luis Iglesias Riopedre ha abandonado la prisión de Villabona después de que sus amigos hayan abonado una fianza de cien mil euros. Han sido 41 días en prisión, en los que se han sucedido los recursos judiciales y la polémica sobre su estado de salud, que llevó incluso a la Fiscalía a solicitar un chequeo médico en el que los especialistas concluyeron que, si bien su salud es precaria, no empeoró durante su estancia en la cárcel.

25 de enero. José Luis Iglesias Riopedre ingresa en prisión acusado de cinco delitos relacionados con la presunta adjudicación irregular de contratos a dos empresas de mobiliario y material de oficinas. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, adoptó esta medida a instancias de la fiscal Ángeles Luis, que consideró que su puesta en libertad podría entrañar riesgo de fuga y la posible ocultación de pruebas. Riopedre está imputado por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

27 de enero. Se desvela que el exconsejero negó en su declaración en los juzgados de Gijón todos los hechos que se le imputan. Aseguró ante la jueza que tenía delegados los contratos para las obras menores.

27 de enero. Dos días después del encarcelamiento, Areces defendió la presunción de inocencia de Riopedre, su colaborador en materia política durante los últimos 28 años. El presidente, que también se mostró preocupado por el estado de salud del exconsejero, dijo tener una «sensación de estupor», si bien mostró su respeto por «la actuación de la Justicia» y abogó porque se levante el secreto de sumario para «explicar con rotundidad» la actuación del Gobierno regional en este asunto.

29 de enero. Se hace público que la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada, reconoció el miércoles ante la jueza instructora haber recibido pagos de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, si bien aseguró que los mismos correspondieron a operaciones legales relacionadas con el alquiler de varios inmuebles.

31 de enero. La defensa de la funcionaria Marta Renedo recurre el auto de prisión. Su abogado, Luis Tuero, entiende que si hubiera querido o tenido capacidad para destruir pruebas, ya lo habría realizado en este tiempo, por lo que ahora no procedería tenerla detenida en el penal de Villabona.

31 de enero. La Policíca interroga al hijo de José Luis Iglesias Riopedre y lo deja en libertad.

4 de febrero. La Fiscalía rechaza la excarcelacion de José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo. Considera que «no se han modificado las circunstancias» que motivaron su ingreso en prisión. También lamentó la fianza fijada para los empresarios, que considera «excesivamente benévola». Mientras, los empleados de la empresa Igrafo aseguran temer por el futuro de su trabajo: «Nos sentimos ya juzgados y condenados».

7 de febrero. El Principado asegura que la indefensión social que afronta el ex consejero es preocupante. Ve «sin precedentes» que el imputado no conozca los hechos por los que está en prisión, como ya criticó en su recurso la defensa.

11 de febrero. El líder de los socialistas asturianos, Javier Fernández, asegura que en Asturias no existe corrupción política. No nos corresponde a nosotros, ni a mí, defender la honorabilidad y el nombre de esas personas detenidas; que lo hagan ellos con la presunción de inocencia que establecen las leyes de este país», aseveró.

11 de febrero. La Sección Octava de la Audiencia Provincial no acelerará la tramitación de los recursos que solicitan la excarcelación de José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo Avilés. El magistrado-juez Bernardo Donapetry Camacho, presidente de esta sección, fija para el miércoles 23 de febrero la vista pública por los recursos de los imputados que reclaman su puesta en libertad.

18 de febrero. El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, llama por teléfono a Villabona para interesarse por la situación de José Luis Iglesias Riopedre después de que EL COMERCIO se hiciera eco del empeoramiento de su estado de salud. La Fiscalía decidió solicitar un informe médico a los forenses.

23 de febrero. Se celebra la vista del recurso del exconsejero en el que reclama su puesta en libertad. El alegado de la fiscal desvela que la jueza instructora considera que forma «parte de un entramado delictivo dedicado por precio o recompensa a obtener fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos, eliminando la concurrencia de empresas ajenas». El mencionado grupo estaría integrado por empresarios que se beneficiaban directamente y «cargos públicos» que «manipulaban» los procedimientos administrativos. Este es el relato de los hechos que reflejó en su día la jueza de instrucción, Ana López Pandiella, en un auto de prisión que contó con el respaldo del Ministerio Fiscal.

24 de febrero. La Audiencia Provincial establece una fianza de 100.000 euros para a José Luis Iglesias Riopedre. Revoca parcialmente el auto de prisión comunicada y sin fianza que, desde hacía un mes, pesaba sobre el exconsejero de Educación y Ciencia. Ahora basta con que cualquier familiar o amigo deposite esos 100.000 euros en la cuenta que la autoridad judicial tiene en Banesto. Los jueces tienen en cuenta el delicado estado de salud del exconsejero y dejan en Villabona a Otero y Marta Renedo.

25 de febrero. José Luis Iglesias Riopedre asegura que recurrirá la fianza por inaceptable, inadecuada e inasumible. Su familia mantiene que no dispone del dinero necesario. Un grupo de amigos de José Luis Iglesias Riopedre crea una plataforma para tratar de recaudar los cien mil euros de la fianza del exconsejero.

7 marzo. El exconsejero de Educación y Ciencia José Luis Iglesias Riopedre sale de la cárcel de Villabona tras aportar el justificante bancario que consignaba los 100.000 euros de fianza impuestos por la sección octava de la Audiencia Provincial. Riopedre salió a la 15:35 horas del centro penitenciario donde ingresó el pasado 25 de enero por orden de la jueza de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella.