1.200 edificios de Gijón pasarán cada 5 años la ITV

El Ayuntamiento de Gijón desarrollará una norma urbanística propia, en forma de ordenanza municipal, para regular la Inspección Técnica de Construcciones (ITC), también conocida como la ITV inmobiliaria. Así lo avanzó a EL COMERCIO el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, quien aseguró que la herramienta jurídica de conocimiento y control del parque inmobiliario local «está en la agenda de trabajo del equipo de gobierno para abordarla de manera inmediata». Sanjurjo y el concejal delegado de Vivienda, Francisco Santianes, ya han mantenido reuniones para evaluar los pasos a seguir en la puesta en marcha de este trámite en lo que resta de mandato municipal.

El Consistorio gijonés ha cambiado de criterio varias veces en los últimos años en relación con este asunto. La primera vez que pensó en aplicar este instrumento de control recogido en la actual Ley del Suelo fue en 2006, a finales del anterior mandato de la alcaldesa. Felgueroso con Jesús Morales al frente del Urbanismo municipal llegó a anunciar, para el segundo semestre de aquel año, que se empezarían a reclamar informes técnicos a los propietarios de los inmuebles más antiguos para acreditar su buen estado. Todo ello para cumplir con el artículo 38 de la citada ley regional, que exige que los edificios que tengan más de 35 años o estén catalogados pasen cada lustro las revisiones periódicas.

Cumplidos los plazos previstos para el inicio de estos chequeos inmobiliarios, la regidora aseguró que el Ayuntamiento renunciaba a una reglamentación propia y que optaba por acogerse, para su desarrollo, a algún tipo de normativa de rango superior del Principado que, a día de hoy, sigue sin legislarse. Ahora el Ayuntamiento modifica de nuevo su parecer y apuesta por seguir el ejemplo de ciudades como León y Alicante, que recientemente han elaborado ordenanzas reguladoras para que sus viviendas antiguas se sometan a estas inspecciones de habitabilidad. Aunque aún pueden pasar algunos años para ver aplicaciones prácticas, lo cierto es que Sanjurjo considera que contar con un normativa propia es, visto lo visto, la fórmula más operativa.

Según las previsiones municipales, más de 1.200 edificios tendrán que pasar la ITC, cada cinco años, cuando ésta entre en vigor. Se trata de todos los inmuebles de Gijón (destinados a viviendas o no) que, como queda dicho, tienen más de 35 años o están catalogados. 500 de ellos aproximadamente superan los 75 años y es por donde arrancaría la medida. Sus propietarios deberán presentar un informe, firmado por un técnico colegiado, que avale el buen estado de conservación de cada una de las construcciones. Las futuras revisiones inmobiliarias no se limitarán sólo a las fachadas de los edificios, sino que se hará también un análisis detenido y exhaustivo de las condiciones de las viviendas: red eléctrica, ascensores, tejado, fontanería, gas, y, por supuesto, la estructura.

Prevención y seguridad

De acuerdo con los últimos datos estadísticos de la Dirección General del Catastro, referidos a unidades catastrales, Gijón tiene 6.085 viviendas anteriores a 1950. 5.841 son del periodo comprendido entre 1950 y 1960 y 41.501 de la década entre 1960 y 1970. El mayor número de construcciones se concentra entre 1970 y 1980, con 49.385. Entre 1980 y 1990 se levantaron 25.861 viviendas y entre 1990 y 2000, otras 42.101. Del año 2000 hasta la actualidad el parque inmobiliario gijonés se incrementó en 36.766 unidades más.

El decano del Colegio de Arquitectos de Asturias , Ángel Noriega, destacó, por su parte, que estos nuevos mecanismos de control sobre los edificios son importantes, sobre todo, «desde el punto de la prevención y la seguridad». Y no tanto desde el punto de vista gremial, a pesar de que está claro que la puesta en marcha de estas inspecciones inmobiliarias generarán nuevas oportunidades de trabajo para arquitectos y aparejadores.

Noriega también indicó que entre los objetivos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado está sacar también un decreto de regulación de la inspección técnica de edificios para todo el territorio regional. «Son las administraciones públicas y no los arquitectos, por mucho que podamos colaborar con ellas, las que deben regular su aplicación», defendió.

El decano de los arquitectos asturianos también recordó que la responsabilidad última, si se produce algún accidente por el deficiente mantenimiento de un inmueble, recae en los propietarios. «Una cosa es que se pueda sistematizar el control del envejecimiento de los edificios y otra el deber de conservación de los vecinos». De hecho, las comunidades tienen que reservar un porcentaje de su presupuesto anual a este concepto.

En última instancia se trata de evitar tragedias como la del desaparecido Hotel Saboya de la calle Corrida, del que se desprendió un balcón que provocó víctimas mortales entre los viandantes hace más de 30 años.